Nicolás Petro seguirá libre en el proceso por el ‘Caso Fucoso’; juez desestimó los argumentos de la Fiscalía

La justicia colombiana ha tomado una decisión definitiva respecto a la situación jurídica de Nicolás Petro Burgos en el marco de la investigación denominada ‘Caso Fucoso’. En una audiencia de segunda instancia, el juzgado 5 penal del circuito de Barranquilla confirmó que el procesado podrá seguir defendiéndose en libertad, negando así la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que buscaba imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

El caso gira en torno a presuntas irregularidades en la contratación estatal con la Fundación Consciencia Social (Fucoso). Según las investigaciones, Petro, en su calidad de exdiputado, habría direccionado contratos por un valor superior a los 3.000 millones de pesos.

Estos recursos estaban destinados originalmente a la atención de población vulnerable en el departamento del Atlántico, pero terminaron bajo la lupa de las autoridades por presuntos manejos ilícitos junto a su expareja, Day Vásquez.

Durante el desarrollo de la diligencia, el despacho judicial analizó la gravedad de las conductas imputadas, reconociendo que tienen una pena considerable en el código penal. No obstante, el juez fue enfático al señalar que la Fiscalía no logró aportar pruebas contundentes que demostraran un riesgo actual e inminente de que el procesado no comparezca ante la justicia o decida escapar del país.

Uno de los puntos clave para ratificar la libertad fue el comportamiento que ha mantenido Petro Burgos desde que iniciaron las indagaciones. El magistrado destacó que el investigado ha asistido puntualmente a todas las audiencias programadas y ha informado de manera oportuna cualquier cambio en su lugar de residencia, lo que demuestra, a ojos del juzgado, una disposición de colaboración con el sistema judicial colombiano.

El fallo también tomó en cuenta el arraigo familiar que el imputado tiene en la ciudad de Bogotá. Se valoró positivamente que resida en un inmueble cuya ubicación es plenamente conocida por los entes investigadores, además de la presencia constante de su núcleo familiar primario. Estos elementos permiten a la justicia inferir una estabilidad suficiente para reducir a niveles mínimos cualquier posibilidad de fuga.

Para el despacho, las medidas no privativas de la libertad que rigen actualmente, como la prohibición de salida del país, han demostrado ser herramientas eficaces hasta el momento. Por ello, se consideró innecesario escalar a una detención en centro carcelario o domiciliario.

Con esta decisión, se cierra la puerta a la apelación de la entidad acusadora, permitiendo que el juicio por la supuesta corrupción en la Gobernación del Atlántico avance con el exdiputado en libertad.