Defensa de Nicolás Petro cuestiona prueba clave en medio de audiencia preparatoria de juicio

En el marco de las audiencias preparatorias que se adelantan para el juicio en Barranquilla contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la defensa impugnó este lunes la admisión de una prueba clave: el teléfono celular entregado por Daysuris del Carmen Vásquez, exesposa del procesado.

La audiencia, que continúa esta semana en el Centro de Servicios Judiciales, entró en una fase en la que se discute la admisión de las evidencias que finalmente podrán ser valoradas durante el juicio.

Fue el abogado Alejandro Carranza, representante legal de Petro, el que recientemente sostuvo ante el juez que el celular aportado por Vásquez —quien fue pareja del procesado— no debe ser tenida en cuenta porque, según él, fue obtenida sin el cumplimiento de las garantías legales exigidas en el debido proceso.

De acuerdo con la defensa, la diligencia en la que se recibió el dispositivo no se realizó con control judicial, previo ni posterior, ni existía a esa fecha una investigación formal en contra de Petro Burgos.

En ese sentido, Carranza advirtió que el fiscal Mario Barahona que viajó desde Bogotá hacia Barranquilla para recibir la declaración y el teléfono no tenía competencia legal para esa actuación.

“La función del fiscal solo puede activarse ante la existencia de una denuncia, querella o acto urgente”.

No obstante, el abogado también recalcó que, entre el 2 y el 3 de marzo de 2023, no existía investigación preliminar formal contra Nicolás Petro, por lo que señaló que el fiscal se presentara en el lugar de residencia de Day Vásquez para recibirle declaración.

Y, por supuesto, recibir “voluntariamente” un celular que, según la defensa, ya habría sido manipulado.

Cabe decir que, más allá del celular, la defensa también impugnó la legalidad de capturas y allanamientos ejecutados en el proceso contra Nicolás Petro, argumentando que se basaron en información proveniente de una “fuente no formal”, es decir, testimonios o datos sin el debido control judicial, pues según informes judiciales, una persona habría asegurado haber visto al procesado manipulando grandes sumas de dinero.

El abogado sostuvo que estos actos debieron someterse a control judicial, y que al no hacerlo se estaría ante pruebas que podrían considerarse ilícitas, lo que, según él, contaminaría procedimientos posteriores.

Por su parte, el juez Hugo Carbonó negó excluir varios informes que sirvieron de base para las medidas tomadas, así como la incautación de un teléfono perteneciente a Laura Ojeda.

Hay que resaltar que, la audiencia preparatoria continúa este lunes 23 de febrero de 2026.