Ministro de Justicia, Néstor Osuna: “Esta es una política antidrogas compatible con la legislación nacional e internacional”

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló con El País y contó cuáles son los cuatro puntos claves de la reforma antidrogas que hoy presentará el presidente Gustavo Petro en Cali, en el marco de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas.

Afirma que ya hay un plan piloto en el Cañón del Micay y que el gran aliado en el marco internacional para poner en marcha esta estrategia es Estados Unidos.

¿Qué nos puede contar de la política antidrogas que el Presidente Gustavo Petro presentará hoy en Cali?

El Presidente nos encomendó que diseñáramos una política de drogas del cambio que recogiera esas ideas que él había lanzado en la campaña.

Iniciamos una dinámica compleja, pero muy enriquecedora y desarrollamos 27 foros en distintos lugares del país, especialmente donde hay cultivos de hoja de coca. También se realizaron foros regionales con consumidores y padres de familia.

Fruto de esos 27 diálogos se construyó esta política y esas ideas y anhelos de los ciudadanos las condensamos en un documento que tiene toda la validación técnica de planeación, validación presupuestal e intervención por territorios, que es lo que el Presidente presentará hoy.

¿Cuáles son los principales puntos de esta política antidrogas?

Será de oxígeno para los eslabones débiles y asfixia para los eslabones fuertes. En el mundo de las drogas ha habido dos eslabones que han sido muy débiles, el de los cultivadores de hoja de coca y el de los consumidores. Los eslabones fuertes son los de las mafias de narcotraficantes y grandes negociantes.

Nuestra política se regirá por las leyes vigentes y no implica modificar el código penal ni la Constitución. Simplemente, vamos a darle oxígeno a estos campesinos que, casi todos, son pobres. Esto quiere decir que se les permitirá hacer tránsito a circuitos legales de economía.

¿Cómo se hará esto realidad?

Para eso tenemos varias estrategias. La primera es la posibilidad de, a partir de la hoja de coca que se podría seguir cultivando, desarrollar actividades no narcóticas como fertilizantes, textiles, cosméticos y alimentos.

Otra posibilidad es trasladarse a terrenos de la reforma agraria que el Estado compraría. Esto con dos pequeñas condiciones: arrancar las matas antes de irse y, en el nuevo terreno, desarrollar una actividad legal, ya sea agropecuaria o ganadera.

La tercera opción podría ser cambiar de actividad económica dentro del mismo terreno que han venido ocupando. Esto es lo que tradicionalmente se ha llamado sustitución de cultivos, pero ante los resultados poco satisfactorios del pasado decidimos que sea una estrategia colectiva, pues antes, como era algo individual, a una persona le daban $10 millones para que dejara de cultivar coca y la remplazara por cacao, lo hacía el primer año, pero ya luego no.

Para evitar que eso se repita, la estrategia será colectiva, es decir, por vereda o municipio y si todos en determinado lugar dejan de cultivar coca y lo remplazan por otra cosa, el Estado no solamente les ayudará con la titulación de la tierra sino que les dará créditos.

La última opción es la de pago de servicios ambientales, es decir, proponerle a los cultivadores que están en áreas protegidas de la selva y que se ha venido deforestando por el cultivo de hoja de coca, que el Estado les pagará un salario o subsidio por pasar de ser cocaleros a guardabosques.

Es decir, arrancar las matas de coca y permitir que la selva vaya recuperando su frontera normal. El 90% de los cultivadores de coca lo hacen en terrenos de los que no tienen título de propiedad.

¿Cómo se controlará que las personas en realidad dejen de cultivar y sustituyan los cultivos?

Lo primero que tenemos que llevar a estos lugares es seguridad. Hay que desmantelar estos grupos criminales y sacarlos del territorio para poder que hayan condiciones básicas de respeto de derechos para que después pueda entrar el Estado social de Derecho, es decir, el Invías, el Ministerio de Educación y demás.

Eso lo estamos haciendo en el Cañón del Micay, una zona especialmente compleja en el Cauca donde hay cultivos de hoja de coca en una alta densidad y presencia de varios grupos criminales. En estas semanas lo que ha habido es una incursión de la Policía para capturar, desmantelar y darle seguridad y tranquilidad a los habitantes que están allí. Una vez que eso ocurra entraremos los demás y esperamos que eso ocurra en el mes de septiembre.

Ahora, controlar que la gente deje de cultivar hoja de coca y sustituya sus cultivos, lo haremos con señal satelital, pues hoy Colombia está monitoreado kilómetro a kilómetro.

¿Cómo se logrará hacer esa sinergia de esta política antidrogas en el plano internacional?

Hay que desterrar el narcotráfico con persecución policial y judicial, incautación de cocaína, destrucción de laboratorios, intervenciones fluviales, marítimas, lucha contra el lavado de activos y extinción de dominio. Además, si dejamos de perseguir a los campesinos cocaleros y concentramos todo ese esfuerzo judicial en estos eslabones que son los claves en el negocio de la cocaína, podemos ser más efectivos.

Yo he constatado en este año que tenemos unos grandes aliados internacionales y el primero de ellos es Estados Unidos. Ellos también están cambiando su política antidrogas y el Gobierno de Joe Biden ha implementado un programa para tratar el tema de las drogas que es muy parecido al nuestro visto desde la perspectiva donde el principal problema es el consumo.

Obviamente, no nos hacemos ilusiones de que esto va a pasar muy rápido porque hay tratados internacionales y sectores de pensamiento que son muy adversos a cualquier cambio y quieren mantener las cosas como están. Debido a estos motivos hemos diseñado una política que es ambiciosa, pero no tanto como algunos quieren ya que no choca con el esquema internacional actualmente vigente y tampoco con nuestra legislación. Es una política perfectamente compatible con la legislación actual y con los compromisos internacionales de Colombia.

¿Teniendo en cuenta que a nivel internacional el debate avanza lento, no considera que el trabajo que se está haciendo a nivel interno se puede perder en algún momento?

Aunque el mundo vaya más lento de lo que quisiéramos para esta política, va avanzando. Hay que reconocer que actualmente hay una ventana de oportunidad y es que el precio de la hoja de coca cayó enormemente en Colombia y los cultivadores la están pasando muy mal, pues su valor ha bajado un 40%.

Si aprovechamos este momento para hacer un tránsito a la legalidad bien hecho, después no van a volver a trabajar con cultivos ilícitos. La idea es que puedan vivir dignamente dentro de la ley cultivando otro producto o hacer una nueva vida en la ciudad.

El Presidente Petro dice que quiere una reforma a la justicia que se centre en la verdad y no en las penas...

Hay que desterrar la impunidad en Colombia, eso no quiere decir que todo el mundo deba terminar en la cárcel, quiere decir es que todos debemos contar la verdad y reparar. Podemos pensar en un uso más razonable de la cárcel. En eso es que estamos trabajando.

La cárcel sirve para menos de lo que se ha pensado que sirve, no es que los centros penitenciarios no tengan ninguna utilidad, sí la tienen, pero menor de lo que hemos pensado. La justicia en algunas ocasiones pasa por otras formas de castigo y muchas veces es más justo obtener reparación que obtener castigo, si el victimario repara a la víctima, si le cuenta toda la verdad de lo que ocurrió o le devuelve lo que le quitó, eso puede ser más justo que meter a alguien a la cárcel.

¿Cómo están las cárceles del país?

Fatal. Están hacinadas pero hemos hecho grandes esfuerzos para reducirlo.

Hay una combinación de medidas que estamos implementando. Una es la más obvia, como construir cupos carcelarios. Hay un documento Conpes que establece que hay que construir 9800 cupos en el cuatrenio del 2022 al 2026. Sin embargo, eso cuesta un dineral ya que construir cárceles es muy caro y aún así no se resuelve todo el problema. Necesitamos un uso racional de la detención preventiva, mucha gente se puede defender en libertad o detenida en su domicilio, para eso necesitamos mejorar la detención domiciliaria.

Mi idea de cárcel es una en la que todos los internos o trabajan o estudian. Si un detenido trabaja puede recibir remuneración y mantener una relación a lo largo del tiempo con su familia ya que en el primer momento los familiares visitan al interno y son encuentros dramáticos, pero cuando pasa el tiempo se van olvidando de ellos y se alejan a tal punto que nadie quiere saber de ellos.

Si el detenido está trabajando y manda a su casa $50.000 o $100.000 al mes, el lazo familiar se mantiene y eso es muy importante.

¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos locales con el cuidado de las personas sindicadas, pues vemos que nada de esto avanza y todo se queda en promesas?

Yo le llamaría la atención a aquellos alcaldes de los municipios que sí tienen recursos como las ciudades capitales: Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

Pero también es cierto que una buena cantidad de municipios más pequeños no tiene recursos y la ley les asignó una responsabilidad que no pueden cumplir.

Aquí hace falta otro actor que son los departamentos ya que ellos pueden tener un poco más de dinero.

La carga para los municipios es desproporcionada y hay un proyecto de ley que he acompañado y que me parece una buena idea: dice que los municipios asuman la manutención e infraestructura para la detención preventiva de aquellos que, de ser condenados, pagarían penas menores de 8 años. Adicionalmente, plantea que los departamentos asuman la custodia de los detenidos preventivamente |que van a ser condenados a penas de 8 a 15 años. Finalmente, propone que la nación asuma, no solo los condenados que ya tiene en las cárceles, sino los sindicados con detención preventiva que puedan ser condenados a más de 15 años.