Miguel Andrés Quintero, hermano de Daniel Quintero, fue imputado por presunta corrupción en contratos por $17.600 millones

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación imputó a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con contratos públicos que superan los $17.656 millones.

Durante una audiencia realizada este 10 de septiembre de 2026, el organismo judicial le atribuyó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Según la investigación, Miguel Andrés Quintero Calle habría sido el cerebro en una red de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la cual se encargó de desviar seis convenios públicos en Medellín entre 2020 y 2021.

“Habría plantado la idea criminal en los altos funcionarios públicos y otros ya imputados, con el propósito de favorecer determinados contratistas y obtener una ganancia económica”, aseveró la representante del Ministerio Público.

Dichos contratos tenían un valor superior a los $17.656 millones y estaban destinados formalmente a la compra de insumos de bioseguridad a través del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. No obstante, el expediente señala que estos convenios terminaron favoreciendo a dedo a contratistas cercanos a Quintero.

“Existía un acuerdo destinado a obtener una contraprestación económica ilícita del 15% del valor total de los contratos, como requisito para que fuesen adjudicados al cuerpo de bomberos de Itagüí. Utilizaron la estructura administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para lograr este resultado”, detalló la fiscal del caso.

Además, en la misma diligencia judicial fueron procesados Álvaro Alonso Villada, exsubdirector de la entidad, junto a los contratistas Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega.

La Fiscalía presentó ante el juez los elementos que, según su hipótesis investigativa, vincularían a los cuatro procesados con las presuntas irregularidades en los convenios.

En el caso de Álvaro Alonso Villada, subdirector de gestión administrativa del área financiera del Valle de Aburrá, el ente judicial señaló que el hombre tenía funciones de gestión de recursos públicos y actividad contractual de la entidad, cargo que habría asumido como resultado de la recomendación realizada por Miguel Andrés Quintero al entonces director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacios.

“Orientó el esquema delictivo promovido por el señor Quintero Calle. Coordinó las decisiones para el manejo de la planta de personal de la entidad”, añadió la fiscal.

Entre los elementos probatorios que reposan en la Fiscalía se encuentran conversaciones de WhatsApp registradas en 2025. En estos mensajes, Miguel Andrés Quintero envió hojas de vida para exigir la vinculación de personas cercanas en la entidad ambiental.