“Fuerza Pública no hace la lectura correcta de lo que pasa en Jamundí”: Especialistas en seguridad

Los recientes atentados en Jamundí, Valle del Cauca, han demostrado que se deben hacer ajustes en materia de seguridad para proteger a la población civil y a los uniformados que prestan sus servicios en la zona.

Desde que el pasado miércoles se presentaron atentados simultáneos en la zona rural y en el casco urbano, las autoridades plantearon estrategias contundentes para evitar una nueva escalada de la violencia que afecte a todo el departamento.

Si bien la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que los hostigamientos a la subestación de Policía de Potrerito y el atentado terrorista con una motocicleta bomba que explotó en el centro del municipio y que dejó a seis heridos son actos “de retaliación para crear incertidumbre, zozobra y miedo en la comunidad”, crece la preocupación en la región, especialmente porque Jamundí está a escasos 17 kilómetros de Cali.

El Bloque Occidental Jacobo Arenas, del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que delinque en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, está incrementando sus operaciones terroristas tras la ruptura del cese al fuego que el Gobierno Nacional mantenía con este grupo, luego de que el 16 de marzo del presente año atacara a la población indígena en el departamento del Cauca.

Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, las acciones de la organización terrorista en Jamundí obedecen a un intento de presionar al Gobierno para que se reanude el cese de hostilidades.

“Si las pretensiones del Estado Mayor Central en el suroccidente del país son las de, a través de estos actos, presionar para que el Gobierno renueve suspensiones de operaciones ofensivas y ceses al fuego, enfáticamente manifestamos que eso no va a ocurrir”, añadió Velásquez.

Sin embargo, para Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, no se ha podido recuperar la seguridad en Jamundí debido a que la Fuerza Pública no está realizando la lectura correcta de la problemática que afecta especialmente a la población civil.

“Yo creo que se va la atención en la presión que ejerce el Estado Mayor Central en el Cauca para renovar los diálogos y para que vuelva a decretarse el cese al fuego en el suroccidente. Realmente esa no es la razón, la violencia en el Cauca tiene que ver con una intención meramente comercial de la estructura terrorista, criminal y narcotraficante del grupo”, manifestó el especialista.

Por ello, según Carvajal, es necesario que las autoridades tomen el verdadero enfoque para poder hacer frente de manera más asertiva al conflicto que se vive en Jamundí.

“Aquí lo que los integrantes de estos grupos criminales están defendiendo con estos ataques es una renta criminal absolutamente rentable como lo es el tráfico de cocaína y de marihuana tipo creepy”, sostuvo.

De la misma manera, Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, aseguró que la cercanía del municipio con el departamento del Cauca han favorecido las dinámicas delincuenciales y economías ilegales.

“La Paz Total en lugar de resolver la situación de inseguridad lo que hizo fue acrecentar estas dinámicas en el sentido de contraposición de ejercer un control territorial y alzar la mano de algunas estructuras de las disidencias de las Farc es escalar la conducción de hostilidades para que el Gobierno los tenga en cuenta para futuras culturas mesas de conversación o diálogos de negociación”, explicó.

En ese sentido, para Fernández, que se esté pensando en la construcción de un batallón de alta montaña en esta área es importante, ya que es una necesidad estratégica que permitirá, entre otras cosas, un despliegue más rápido de uniformados en caso de alguna emergencia.

“La construcción de un batallón de alta montaña en la zona rural de Jamundí permitirá cortar el paso del narcotráfico, irrumpir el tráfico de estupefacientes y de armas, así como la movilización de grupos armados. Al mismo tiempo se podrá tener una presencia constante y un desplazamiento de unidades militares”, afirmó el experto.

Fortalecimiento del pie de fuerza

Una de las estrategias que las autoridades plantearon para mejorar la seguridad es la de aumentar el número de uniformados para hacer frente a la crisis. “Hemos tomado decisiones importantes para garantizar la seguridad, no solo el aumento del pie de fuerza que es fundamental, sino también con el apoyo de inteligencia y de tecnología para que las cámaras de seguridad lleguen pronto a Jamundí”, indicó la alcaldesa Paola Castillo.

“Si bien es urgente estabilizar al territorio con más policías y militares, la naturaleza de estas acciones es cortoplacista, ya que por lo general una vez ha mejorado el orden público los uniformados vuelven a su lugar de origen. Es una acción que permite garantizar la estabilidad, pero que también tiene que estar orientada a las dinámicas y evolución del conflicto, el acto terrorista no es nuevo y las autoridades lo deben tener en cuenta”, sostuvo Felipe Fernández.

Con el aumento del número de uniformados también se debe afectar la economía ilegal del narcotráfico que tiene como consecuencia el incremento de la violencia. Sin embargo, la propuesta del Presidente de la República en la que le pide a la Gobernación del Valle que contribuya con la sustitución de cultivos ilícitos no fue apoyada por los expertos.

“Eso no ha funcionado antes, aquí lo que hay que hacer es enfrentar con toda la Fuerza Pública a la criminalidad y destruir los laboratorios. Nosotros creíamos que solamente había laboratorios en el Naya, en el Cañón del río Micay y en Argelia, pero ya existen en Caloto y hasta en Santander de Quilichao hay un desespero por la producción de la cocaína”, indicó Iván Carvajal.

Es tanta la logística criminal que, como lo denunció la Gobernadora, estos grupos han construido carreteras para movilizar la producción de drogas y, según Carvajal, son los mismos que han llegado a los conjuntos campestres de Jamundí para robar camionetas y hostigar a la población.

De la misma manera, Felipe Fernández explicó que la sustitución de cultivos es especialmente compleja porque convergen las cadenas productivas de las comunidades y proyectos sociales. “En materia de seguridad puede ser más sencillo poner uniformados brindando seguridad que resolver cuestiones socioeconómicas que de alguna forma también permiten que la violencia se atraviese cuando no hay una respuesta del Estado”, explicó.

¿Cali, en riesgo de ataque?

Las acciones terroristas para Cali siempre son una alerta ya que es el epicentro del suroccidente del país.

“En la capital del Valle convergen todas las dinámicas criminales y de vulnerabilidad que permiten la permanencia del crimen. Hay un reto enorme en materia logística y de los esquemas de seguridad, de planeación para la COP16, pero reviste de gran importancia mirar hacia Jamundí desde Cali, no solo porque puede representar una amenaza para la materialización de este evento, sino también para la misma ciudad, pues las dinámicas de inseguridad no solo están en zona rural, también en el área urbana”, puntualizó Felipe Fernández.

Por ello, Iván Carvajal concluyó que aunque la guerra puede parecer lejana para Cali, la realidad es que dentro de la ciudad se gestan reuniones y negociaciones ilícitas, además, “hay movimiento de dineros y armas que en cualquier momento pueden escalar”.