Fiscalía imputó a exprocurador y dos magistrados del Tribunal del Atlántico por presuntas irregularidades en venta de predios

La Fiscalía General de la Nación imputó al exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, por presuntas actuaciones irregulares que permitieron la venta de dos predios.

Ambas propiedades, conocidas como Cuba y Casablanca, se encuentran ubicadas en el corredor vial entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Las pruebas en su contra recopiladas por la Fiscalía dan cuenta que, entre 2009 y 2010, los tres funcionarios avalaron un acuerdo que dio vía libre a la comercialización directa de los terrenos, desconociendo que ambos estaban afectados con medidas de extinción de dominio.

La transacción en su momento ascendió aproximadamente a 3.500 millones de pesos, una cifra muy por debajo del valor real, que superaba los 36.000 millones. Eso quiere decir que el movimiento financiero se hizo por valores que se alejaban del real precio del mercado.

En ese sentido, la aprobación de esta operación habría favorecido a particulares y generado un detrimento patrimonial cercano a los 20.000 millones en el caso de Casablanca. En cuanto al predio Cuba, se configuró una tentativa de apropiación, al no consumarse plenamente el daño.

“Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de que el entonces procurador y los dos magistrados tendrían conocimiento de las limitaciones que recaían sobre los bienes, pero aun así facilitaron la venta”, explicó el ente acusador en un comunicado.

Dicho lo anterior, la Fiscalía aclara que las pruebas que tiene en su poder explican que tanto el exprocurador como los dos magistrados aprobaron el avance de la operación, a pesar de que tenían conocimiento sobre las limitaciones jurídicas que recaían sobre ambos bienes.

Por esa razón, todos fueron imputados por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación.

Como este proceso judicial tiene como acusados a dos funcionarios de la Administración de Justicia y uno del Ministerio Público, tanto los fiscales como los jueces que lo tienen en su poder lo investigarán con un interés especial debido a que habría una actuación en contra de ley si los tres son hallados culpables en el fallo definitivo.

Así las cosas, de ahora en adelante la Fiscalía se encargará de practicar las pruebas y seguir presentando nuevos elementos que evidenciarían que los procesados tuvieron actuaciones en contra de los intereses del Estado colombiano y faltaron a los valores que debe tener un funcionario público.

*Con información de Colprensa y redacción de El País