ONU alerta por aumento de asesinatos a defensores de derechos humanos en Colombia en el 2025

La firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las Farc supuso la apertura de una serie de esperanzas en diferentes campos, especialmente para aquellos que estaban dispuestos a iniciar vidas en el marco de la legalidad en aquellos territorios en los que se había vivido, hasta ese momento, un conflicto armado que databa de hace más de medio siglo.

Entre estos nuevos actores que ingresaron a la conversación nacional están los defensores de derechos humanos, quienes lamentablemente -y como consecuencia de la poca implementación del Acuerdo- han tenido que pagar con sus vidas el costo de defender la vida en las comunidades.

Desde el 2016, momento en el que se firmaron los Acuerdos, hasta la actualidad, el país ha visto cómo crecen las cifras de asesinatos ocurridos en las distintas veredas y municipios en los que, como consecuencia de la falta de presencia del Estado, grupos al margen de la ley cuyas economías están afincadas en el narcotráfico han librado una guerra a muerte. El 2025 no ha sido la excepción.

Según un informe de la ONU, que compartió sus cifras a propósito del día de los Derechos Humanos, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la organización recibió 198 reportes de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, lo que supone un escenario preocupante para esta población en el país.

De estos, 69 homicidios fueron verificados (60 hombres, 8 mujeres y una persona LGBTIQ+), mientras que 61 casos siguen en proceso de verificación y 68 fueron catalogados como no concluyentes. Del total confirmado, el 30 % corresponde a defensores vinculados a Juntas de Acción Comunal (JAC), un hecho que confirma que el principal impacto que han sufrido estos líderes se presenta en zonas en las que la presencia del Estado es insuficiente, en lugares donde dichos defensores impulsan proyectos en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

“Persisten desafíos para fortalecer el rol del Estado como garante de derechos, en particular para avanzar en medidas efectivas de prevención de la violencia y protección de la población civil”, señala la ONU.

Este escenario también se traslada al año entrante, con la llegada del año electoral y las dinámicas de violencia electoral que suelen presentarse en los meses anteriores a los comicios: “La violencia asociada al proceso preelectoral ha aumentado, acompañada de una creciente polarización, desinformación y uso del discurso de odio”, advierte el organismo.