Fiscalía imputará oficialmente a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, por caso de la Ungrd; estos son los delitos

A casi seis meses de su primer anuncio, la Fiscalía General de la Nación hará oficialmente la imputación de cargos contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por los señalamientos que lo involucran en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El anuncio fue confirmado por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien dijo que la radicación ante un Juzgado de Bogotá probablemente será realizada este miércoles por María Cristina Patiño, fiscal que ha estado encargada del caso Ungrd desde el año pasado cuando iniciaron las judicializaciones.

“Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación contra Ricardo Bonilla, que probablemente será el día de mañana (26 de noviembre). Debe estar radicando la fiscal encargada, María Cristina Patiño”, explicó la jefe del ente acusador en declaraciones a medios de comunicación, luego de revelar detalles sobre el más reciente escándalo de los posibles nexos entre disidencias de ‘Calarcá’ y el Gobierno Petro.

La imputación contra Bonilla ya estaba anunciada desde los primeros días del mes de junio del presente año, cuando se conoció que otro de los implicados en este entramado de corrupción, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, se fugó de la justicia en Nicaragua a pesar de estar imputado.

Los delitos que le serán imputados a Bonilla por el ente acusador son tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Con esta imputación, ya serían nueve exfuncionarios del Gobierno Nacional y el primer exjefe de una cartera.

Algunas versiones indican que la demora en la imputación de cargos contra Bonilla tuvo relación con algunos quebrantos de salud que ha venido padeciendo el exministro durante los últimos meses.

Es de importancia mencionar que el exministro de Hacienda es acusado del pago de dádivas a cambio de votos a favor de iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, como la reforma pensional. La principal testigo en su contra es María Alejandra Benavides, su exasesora y quien firmó un principio de oportunidad, en el que se comprometió a declarar en contra de su exjefe.

Benavides, quien trabajó de cerca con Bonilla hasta marzo de 2024, habría intervenido directamente en la asignación de al menos tres contratos que sumaron $92.000 millones, destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Estos recursos, gestionados a través de la Ungrd, habrían sido moneda de cambio para asegurar votos y apoyo político en el Legislativo. La exasesora presentó a la Corte Suprema una matriz que detallaría la asignación de obras con los nombres de los congresistas que recibieron los beneficios.