Excarcelación masiva a causa del coronavirus despierta polémica, ¿Cómo funcionará?

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Excarcelación masiva a causa del coronavirus despierta polémica, ¿cómo funcionará?

Marzo 25, 2020 - 12:33 a. m. Por:
Colprensa

El fin de semana pasado, en varios penales del país, hubo motines. En la cárcel La Modelo de Bogotá, los hechos dejaron como saldo la muerte de 23 internos.

Agencia AFP

En noviembre de 2019, horas después de la fuga de la excongresista Aída Merlano, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, sentenció que “el Inpec había tocado fondo”.

El publicitado escape de la política barranquillera les costó el puesto a varios funcionarios de la entidad penitenciaria, entre ellos su director, general William Ruiz, y se volvió a hablar de los mismos problemas que aquejan al Instituto desde hace años, entre ellos el hacinamiento. 

El tema de la sobrepoblación carcelaria retornó este fin de semana festivo por cuenta de los disturbios en varios penales, siendo el más crítico el de la cárcel La Modelo de Bogotá que dejó como saldo la muerte de 23 internos y 83 más heridos.

Los violentos episodios obligaron a la expedición del decreto que establecía la emergencia carcelaria en el país.  Luego de la promulgación del mismo, la Ministra habló de que se estudia la posibilidad de otorgar libertades a un grupo de internos que cumpla ciertos requisitos, entre ellos la edad (mayores de 60) y el tipo de pena que purguen.

En ese orden de ideas se estima que serían unos 10.000 internos los que tendrían el beneficio. No obstante, el documento que reglamenta este tipo de excarcelaciones, al cierre de esta edición, aún no había sido promulgado.

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La Defensoría del Pueblo, sin embargo, planteó algo más y propuso que esas excarcelaciones no se tomen como una medida temporal para evitar la propagación del Covid-19, sino que sea permanente con el fin de disminuir la sobrepoblación carcelaria. 

El defensor delegado para la Política Criminal y Penitenciaria, Germán Pabón Gómez, aseguró que la medida no puede ser provisional porque de ser así, cuando se supere la crisis de la emergencia sanitaria, se estaría volviendo al problema del hacinamiento. 

“El llamado es a que las medidas que se vayan a adoptar por el Gobierno no sean con una mirada de transitoriedad. Es entendible que si va a salir un sinnúmero de personas, pero si dentro de tres meses tienen que volver, eso significaría que se volvería al mismo estado de cosas inconstitucionales”, declaró Pabón Gómez. 

 Adicional a ello, uno de los mayores riesgos con esta disposición es que la persona una vez esté afuera se fugue, no redima su sentencia y, quizá, vuelva a delinquir, lo que aumentaría las cifras de reincidencia. 

Para la abogada penalista Brenda Acosta, la medida de otorgar la salida a algunos internos es viable toda vez que existen algunos casos en los que hay procesados que se encuentran recluidos sin que se haya establecido su responsabilidad penal y, por tanto, requieren contacto con abogados, investigadores o personal gubernamental durante el proceso de detención y juzgamiento, condición que propicia la propagación del Covid-19.

Dice la jurista que “las cárceles de Colombia en su generalidad son edificios inadecuados para el número de personas que se recluyen y en algunos casos inadecuados para ejercer en su totalidad la función de reclusorios”.

En este punto cabe recordar que el plan del Ministerio de Justicia de ampliar cupos carcelarios para reducir los índices de hacinamiento es una tarea que sigue en veremos. Un documento de la misma entidad que hace referencia al plan de transformación del sistema carcelario en Colombia había anunciado que para 2019 se crearían cupos carcelarios en Girón (760), Girardot (344), Buga (720), Silvia (500) e Ipiales (608). Con corte a mayo del año pasado, en el cambio de ministras, se había reactivado la construcción de 4.500 cupos de Sabanas de San Ángel en el Magdalena y Pereira-Risaralda. Además, se entregaron en Antioquia 267 cupos remodelados, de los cuales 91 fueron de la Paz de Itagüí y 176 en el complejo El Pedregal, inversión que superó los 900 millones de pesos.

Colapso en las solicitudes

Sin conocerse el intríngulis jurídico y normativo de la propuesta, muchos se preguntan cómo harán los juzgados del país para despachar cuanto antes la avalancha de solicitudes de libertad que vendrán por cuenta del decreto.

Cabe recordar que por cuenta de la congestión judicial una petición de esta naturaleza, en tiempos de normalidad, hace tránsito entre uno y dos meses.

De allí que desde la Judicatura se le insista al Ministerio que se analice “de manera coordinada las posibilidades de organización, selección y priorización de eventuales solicitudes masivas de libertad a partir de criterios preestablecidos. Esto con el fin de evitar un colapso en la recepción, trámite o solución de los casos por parte de los actores del sistema judicial”.

Este párrafo está contenido en una misiva que ayer le fue enviada a Cabello y al general Norberto Mujica, director del Inpec, y fue suscrita por Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, que reitera que en esta época se privilegien el uso de la tecnología para avanzar en la administración de justicia.

“Se solicita que se dispongan los espacios, elementos y herramientas necesarias para que los funcionarios de cada entidad puedan adelantar los trámites y las audiencias de manera virtual sin traslado de las partes”, acota Remolina.

En la misiva de ocho puntos, la presidenta de la Judicatura también precisa que urge blindar no solo a los funcionarios judiciales, sino todo aquel que participe en una audiencia con elementos de bioseguridad en el caso extremo que una diligencia tenga que hacerse de manera presencial.

Caso de la cárcel La Modelo

En manos de un fiscal de derechos humanos quedó el expediente que determinará posibles responsabilidades en la muerte de los 23 internos de la cárcel La Modelo durante los disturbios del fin de semana. El anuncio fue hecho por la Fiscalía, que señaló que ya se tejen varias hipótesis frente a estos hechos.

Las teorías que ya tienen en su poder las autoridades se crearon “con la finalidad de que comparezcan ante la justicia quienes concertaron los desórdenes y pretendieron un intento de fuga”.

Según la Fiscalía, “la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas, está a cargo de un equipo interdisciplinario conformado por más de 45 funcionarios entre fiscales y policía judicial de Sijín y CTI”.

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