Defensoría condenó emboscada contra policía en Córdoba que dejó 7 muertos

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, indico que el uso de explosivos no convencionales, no son justificables en el marco del conflicto armado.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, rechazó la emboscada a una patrulla de la Policía Nacional en el corregimiento de Tierradentro, en el municipio de Montelíbano, Córdoba, donde siete uniformados perdieron la vida y siete más resultaron heridos. Otálora dijo que si bien se trata de combatientes, las ráfagas de fusil y el uso de explosivos no convencionales, no son justificables en el marco del conflicto armado. Manifestó solidaridad con los familiares de los uniformados muertos y de los heridos sobre el hecho atribuido al frente 58 de las Farc, y recordó que entre el miércoles y el viernes de la semana pasada se presentaron dos hechos de riesgo para las comunidades asentadas en el mismo corregimiento. “Según reportes conocidos por la Defensoría Regional en Córdoba, hubo un hostigamiento contra la estación de Policía, lo cual obligó a los padres de familia y a los maestros de la Institución Educativa Técnico Agrario Claret a evacuar los estudiantes y suspender las labores académicas, pues el colegio está ubicado a tan solo 100 metros del comando”, dijo el funcionario. Además, la Defensoría conoció mensajes intimidatorios de presuntos miembros de la guerrilla advirtiendo sobre una posible incursión armada, razón por la cual sugerían no realizar clases hasta nueva orden. Otálora indicó que las comunicaciones escritas fueron remitidas el pasado 12 de septiembre al Comandante de la Policía en Córdoba, al Gobernador del Departamento y al Director Regional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a fin de que se tomaran las medidas de prevención y se convocara a un Comité de Justicia Transicional para los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador. Además, en mayo de 2013 se había hecho un informe de riesgo para esas mismas localidades, el cual advertía acerca de alianzas entre los grupos ilegales, cuyo accionar se refleja en graves vulneraciones a los derechos humanos a través de actividades como amenazas, homicidios, desapariciones y reclutamiento forzado, hostigamientos, extorsiones y accidentes por minas antipersonal, entre otros factores de incidencia. El documento fue elevado a la categoría de alerta temprana por el Ministerio del Interior, el cual continuaba vigente. “En este lugar tienen prácticamente secuestrada a la comunidad de Puerto Libertador y para entrar y salir hay que perdirles permiso, por eso pedimos que la fuerza pública adicione un plan para atacar a estos grupos en Córdoba, para ponerlos en buen recaudo de la justicia”, afirmó Otálora.