Defensa del expresidente Álvaro Uribe presentó apelación contra su condena por soborno y fraude

Por medio de un documento de más de 900 páginas la defensa del expresidente Álvaro Uribe presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación con la que busca desvirtuar la sentencia en su contra, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Lo que pretenden demostrar los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana es que el expresidente no fue el arquitecto de una operación para engañar a la justicia, a través de terceros que tenían la misión de conseguir que ex paramilitares declararan a su favor y en contra del senador Iván Cepeda, a cambio de beneficios jurídicos o procesales.

Para lograrlo, argumentaron que la jueza de la causa, Sandra Liliana Heredia, promulgó un discurso político, con marcados sesgos y que la decisión no fue coherente con los argumentos que hizo antes de tomar la decisión, que incluyó —además— darle casa por cárcel.

“Se afirma que el despacho ha obrado sin la presión de factores externos. Pero en la lógica de las cosas, la negación enfática de una sospecha no basta para disiparla, y menos aún cuando, en el propio discurso, se introducen los elementos que la vuelven verosímil”, dijo un aparte de la apelación.

El documento argumentó que la jueza, según la ley, se excedió al hacer un discurso introductorio en el que habló del poder que tiene la justicia, cuando solo debía centrarse en los hechos, y al cual le incluyó un tinte político.

“La jueza pretende proyectar una imagen de imparcialidad y neutralidad, pero simultáneamente emite mensajes como ‘la justicia no se arrodilla ante el poder’, ‘no es una revancha’ o ‘este juicio no es político’.”.

Asimismo, en el documento se lee que: “Estas expresiones tienen una clara carga política y sesgada y parecen responder a las características específicas y particulares del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que convierten el estrado judicial, que debería centrarse exclusivamente en el razonamiento técnico y jurídico, en una plataforma –y oportunidad- para dar manifestaciones de carácter ideológico y personal que no es de competencia para los funcionarios judiciales encargados de impartir y administrar justicia”, resaltó la apelación.

Sobre los otros ex paramilitares, el fallo concluyó que también fueron blanco de una operación de manipulación, con ofertas encubiertas y pagos que, según el fallo, fueron coordinados desde el entorno de Uribe.

“No tiene asidero para la judicatura que Álvaro Uribe Vélez pretenda desestimar su responsabilidad penal aludiendo a la ignorancia de la situación que se gestaba a sus espaldas, cuando lo cierto, es que tenía a su alcance la información necesaria para conocer lo ocurrido y deliberadamente optó por no indagar”.

Otro punto fundamental de la defensa fue el argumento de que el sesgo que tiene la juez en el caso la llevó a realizar “un ejercicio parcializado de la prueba testimonial con la intención de desmeritar todos los testigos que realizaban declaraciones a favor del doctor Álvaro Uribe Vélez y, en contraposición, defender a ultranza todos aquellos que usó para fundamentar su condena, siendo evidente el doble rasero o estándar de valoración de testigos según a quien favorecía la declaración”.