Consejo de Estado admite demanda contra decreto del gobierno de Petro por expropiaciones y cambios al régimen de tierras

El Consejo de Estado admitió la demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra el Decreto 033 de 2025, expedido por la Presidencia y los ministerios de Justicia y Agricultura, por considerar que la norma excede las facultades del Ejecutivo y vulnera derechos constitucionales.

De acuerdo con la Fundación, el decreto introdujo cambios profundos en el régimen de adquisición de predios rurales y en el servicio público registral, al otorgar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) un derecho preferente de compra sobre predios con áreas superiores a dos Unidades Agrícolas Familiares.

“La Fundación para el Estado de Derecho advierte que la norma excede la potestad reglamentaria, vulnera la seguridad jurídica y afecta la confianza de los propietarios rurales en Colombia”, declaró la entidad demandante.

Incluso, obliga a los particulares a informar a la ANT sobre compraventas o promesas de venta en curso, lo que —según los demandantes— restringe la libre negociación entre privados.

La acción judicial, presentada el pasado 25 de julio, sostiene que el decreto habilita procedimientos con efectos expropiatorios sin respaldo del Congreso, lo cual vulnera el principio de reserva legal.

“Estas disposiciones incluso se aplican a negocios en curso, lo que vulnera la libertad contractual, la seguridad jurídica y la confianza legítima de propietarios y adquirentes”, resaltó el organismo.

Además, cuestiona que la consulta pública se haya realizado en apenas cuatro días, cuando la norma exige un mínimo de quince, limitando así la participación ciudadana.

La Fundación solicitó al Consejo de Estado decretar una medida cautelar de urgencia que suspenda provisionalmente los efectos del decreto, mientras avanza el estudio de nulidad, con el fin de evitar daños irreparables al orden jurídico y a los derechos de los ciudadanos.

Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho afirmó que “las restricciones al derecho de propiedad requieren una ley del Congreso, garantías de debido proceso y seguridad jurídica para todos los colombianos”.

El organismo recalcó que no se oponen a la función social de la propiedad ni al avance de la reforma agraria, pero sí a que se impongan mediante decretos que —afirman— desconocen la Constitución.

Por su parte, el Consejo de Estado expuso que la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho se presentó en término y cumplió con los requisitos formales previstos en el artículo 162 del CPACA, por lo que será estudiada, posteriormente informará al demandante y a la parte demandada el desenlace del caso.