Consecuencias judiciales del Holocausto del Palacio de Justicia: Estado condenado por muerte del magistrado Jorge Alberto Echeverry

En una reciente sentencia, el Consejo de Estado, declaró responsable a la Nación, en especial al Ministerio de Defensa, por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa, ocurrida durante los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, un hecho que marca un hito en la memoria judicial del país.

La decisión, adoptada por la Sección Tercera de la alta corporación, analiza de manera detallada las circunstancias del fallecimiento del funcionario y concluye que este no fue producto de una única causa, sino de la concurrencia de varias actuaciones indebidas que derivaron en su muerte.

Según la sentencia, la conducta del grupo insurgente M-19, calificada como “ilícita, demencial, irracional, indiscriminada, desproporcionada e inconvencional”, fue uno de los factores determinantes.

El ataque armado, la retención violenta de magistrados, empleados y visitantes, así como el uso de explosivos dentro del Palacio, generaron un escenario de extrema peligrosidad que afectó de manera directa la integridad de quienes se encontraban en el edificio y sus alrededores.

No obstante, el fallo subraya que la responsabilidad estatal no puede desconocerse, el Consejo de Estado concluyó que personal adscrito al Ministerio de Defensa incurrió en “actuaciones irregulares constitutivas de falla del servicio”.

Entre ellas, se mencionan decisiones operacionales improvisadas, uso desproporcionado de la fuerza y ausencia de protocolos adecuados para proteger la vida de los rehenes, incluidas las altas autoridades judiciales de manera que incurrió en fallas graves en el cumplimiento de su deber, lo que contribuyó de manera decisiva al desenlace fatal.

La sentencia también ordena una reparación integral para la familia del magistrado Echeverry, que incluye el pago de perjuicios morales y lucro cesante, es decir, los ingresos que dejó de percibir debido a su muerte prematura. Asimismo, el Consejo de Estado dispuso la publicación del fallo en un medio de amplia circulación nacional y la realización de un acto público de perdón, como un gesto de reconocimiento a las víctimas y a la memoria histórica.

El caso de Jorge Alberto Echeverry se suma a otros procesos judiciales en los que se ha determinado la responsabilidad del Estado por los hechos del Palacio de Justicia, uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional.

A 40 años de la tragedia, el alto tribunal reiteró que la memoria, la verdad y la reparación son pilares fundamentales para cerrar heridas y garantizar que episodios como este no se repitan.