Caso Epa Colombia: despacho judicial compulsó copias para nueva indagación, ¿a qué se debe?

Desde enero de 2025, la empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, cumple una condena de cinco años y tres meses en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Su sentencia se dio luego que la Corte Suprema de Justicia ratificara su responsabilidad en los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

¿Cuál es el giro judicial?

Durante los últimos meses, múltiples peticiones han llegado al despacho judicial solicitando beneficios para Barrera, argumentando su condición de madre cabeza de familia y su trabajo social en favor de comunidades vulnerables a través de sus peluquerías. Sin embargo, todas las solicitudes han sido negadas.

En la lista de peticiones, se destacó la de la abogada Mónica Barros Villanueva, quien en mayo pidió el traslado de la influencer a una guarnición militar, petición descartada de inmediato.

Posteriormente, presentó otra solicitud para que la empresaria pudiera “realizar labores sociales”, sin aportar soportes ni documentación.

Esta vez sucedió algo inesperado, según dio a conocer Semana, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá compulsó copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que investigue a la abogada Mónica Barros Villanueva, quien en repetidas ocasiones había solicitado beneficios para la creadora de contenido.

Debido a las acciones de Barros Villanueva, el ente judicial remitió el caso con el fin de determinar si la actuación de la abogada incurre en faltas disciplinarias.

Según confirmó Semana, la petición está firmada con fecha que data del 22 de julio, por parte del despacho judicial y ya fue recibida por parte de la Comisión Seccional.

Epa Colombia y su proceso de adaptación en cárcel

La empresaria de queratinas está confinada en un centro penitenciario, pagando un delito que se presentó el pasado 22 de noviembre de 2019, durante un estallido social.

Cabe recordar que por medio de un video viral en redes sociales se pudo observar a Barrera Rojas atacando una estación de este sistema de transporte, lo que la llevó a ser judicializada.

El clip fue analizado por la Corte Suprema y expuso que la creadora de contenido incitaba a destruir estaciones de TransMilenio y otros bienes públicos, concluyendo que sus mensajes excedieron los límites de la protesta social, pues promovieron actos vandálicos con fines que calificó de terroristas.

Mientras tanto, Barrera Rojas continúa realizando estudios y actividades laborales dentro de la cárcel para intentar redimir tiempo de su condena, mientras sus familiares y seguidores siguen insistiendo en una eventual revisión de su caso.