Caso Epa Colombia: abogada cuestiona el trato durante traslado y pidió revisar el caso

La situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, volvió a generar controversia luego de que se conocieran imágenes de la influenciadora durante un traslado bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En los registros, Barrera aparece con esposas en sus manos y tobillos, además de una cadena que limitaba sus movimientos.

Ante la difusión de estas imágenes, Wendy Herrera, abogada de la influenciadora, cuestionó las condiciones en las que fue trasladada y pidió la intervención del presidente Abelardo De La Espriella. La defensora sostuvo que, aunque su clienta fue condenada, conserva todos sus derechos fundamentales y debe recibir un trato acorde con su dignidad.

Herrera calificó como desproporcionadas las medidas utilizadas durante el operativo y aseguró que Barrera ya ha asumido las consecuencias de los hechos por los que fue condenada.

Además, solicitó al Mandatario revisar las condiciones de otras personas privadas de la libertad que permanecen en la Escuela de Carabineros de Bogotá, lugar donde su clienta estuvo recluida antes de ser trasladada a Ibagué.

La jurista también confirmó que su equipo trabaja para conseguir que Epa Colombia pueda cumplir el resto de su condena bajo detención domiciliaria. Según explicó, la solicitud se está preparando de acuerdo con las herramientas legales disponibles. Herrera reconoció que ha tenido que corregir algunas actuaciones realizadas anteriormente dentro del proceso, lo que habría retrasado la estrategia de defensa.

Barrera permanece recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña, en Ibagué, y cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión. La sentencia está relacionada con hechos ocurridos durante las protestas sociales de noviembre de 2019, cuando la influenciadora ocasionó daños en instalaciones del sistema TransMilenio en Bogotá.

El proceso tuvo varios cambios en las decisiones judiciales. Aunque inicialmente fue condenada por daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio público de transporte, el Tribunal Superior de Bogotá agregó posteriormente el delito de instigación a delinquir con fines terroristas.

La defensa presentó una impugnación especial, pero el 22 de enero de 2025 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión mediante la sentencia SP022-2025. También fueron impuestas una multa y una inhabilitación para ejercer como influenciadora.

La Corte Suprema de Justicia negó además la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena, por lo que Barrera continúa privada de la libertad mientras su defensa busca nuevas alternativas jurídicas.