Autoridades de López de Micay exigen la liberación de ocho personas retenidas en zona rural de este municipio caucano

Los funcionarios de la Alcaldía de López de Micay rechazaron los hechos de violencia registrados en la comunidad de San Antonio, parte alta del río Micay, donde ocho habitantes permanecen retenidos tras una incursión armada denunciada por organizaciones de derechos humanos.

En un comunicado dirigido a la opiniónpública, la administración municipal manifestó su preocupación por la situaciónocurrida el pasado 3 de julio y solicitó la liberación inmediata de laspersonas retenidas, además de exigir garantías para proteger su vida eintegridad.

“Expresamos nuestra profundapreocupación por la retención de ocho personas, hecho que vulnera sus derechosfundamentales y genera angustia en las familias micayceñas y nayeras”,señaló el documento firmado por la Alcaldía.

La administración también hizo un llamadoa las autoridades competentes para fortalecer las acciones que permitan elpronto regreso de los retenidos a sus hogares y reiteró su compromiso con ladefensa de la vida y los derechos humanos.

Los hechos fueron denunciados por la Redde Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco IsaíasCifuentes y la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Étnico y Social del Pacífico, Mespa, organizaciones que atribuyen la incursión a ungrupo de aproximadamente 35 hombres armados que, presuntamente, seidentificaron como integrantes del ELN.

Según la denuncia, el grupo ilegal reunióa toda la comunidad del Consejo Comunitario San Joc, decomisó los teléfonoscelulares de los habitantes y saqueó alimentos y enseres de tiendas y viviendas.

Posteriormente, los hombres armadosretuvieron a 40 personas para obligarlas a transportar los víveres hurtados.

Las organizaciones indicaron que durantela madrugada del día siguiente fueron liberadas 32 personas, mientras que ochocontinúan desaparecidas, sin que hasta el momento se conozca información sobresu paradero.

La Red de Derechos Humanos y Mespa solicitaron la intervención urgente de las instituciones del Estado y deorganismos nacionales e internacionales de derechos humanos para verificar lasituación de las personas retenidas y brindar acompañamiento a la comunidad.

Hasta ahora, las autoridades no hanconfirmado oficialmente la responsabilidad de algún grupo armado en estoshechos ni han entregado un balance sobre las acciones desplegadas paralocalizar a los ocho habitantes retenidos.

El caso vuelve a evidenciar la complejasituación humanitaria que enfrenta la zona que abacar el río Micay, una de las zonas más afectadaspor la presencia y disputa de grupos armados ilegales en el departamento del Cauca, de hecho, y como bien reportan las mismas comunidades, son las disidencias de las Farc y el ELN lo que controlan esta parte del territorio, ante una fuerza pública que apenas adelanta los operativos para contrarrestar este fenómeno.