Así operaba la red de lavado de activos a través de la minería en diferentes puntos del país

Durante años, toneladas de oro circularon por registros contables y reportes oficiales como si provinieran de operaciones legítimas. Facturas, transferencias bancarias y declaraciones tributarias daban cuenta de un negocio legal y estructurado.

Pero detrás de ello se ocultaba un complejo esquema financiero que al parecer habría sido diseñado para lavar dinero de origen ilícito a través de la comercialización de metales preciosos.

Según lo reveló el Ministerio de Defensa Nacional, la historia se conoció en 2012, cuando un informe de fuente no formal llegó hasta la Fiscalía General de la Nación.

El documento advertía sobre posibles maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionadas con operaciones de compra y venta de oro.

Los investigadores revisaron transacciones realizadas entre 2006 y 2009 por dos personas naturales a favor de la empresa C.I. Mineros Exportadores S.A. (C.I. MINEX S.A.), compañía que figuraba como exportadora de minerales y que se encontraba registrada ante la Dian.

En los documentos oficiales, la empresa desarrollaba actividades comerciales relacionadas con los minerales, ubicandola dentro del sector formal de la minería.

Pero las inconsistencias que aparecieron a medida que avanzaron las labores investigativas, revelaron un complejo esquema financiero. Esto precisamente despertó las alarmas de los investigadores.

Las operaciones mostraban movimientos millonarios con supuestos proveedores que, al ser analizados, no tenian la capacidad económica ni la infraestructura necesaria para realizar ventas por esos montos.

Según las pesquisas, gran parte del oro comercializado por la empresa presuntamente provenía de actividades de minería ilegal, impacto que iba más allá del ámbito financiero, ya que también tenía provocaba graves efectos ambientales.

Proveedores fantasmas

Entre el 2006 y el 2010, seis proveedores concentraron más del 50 % de las operaciones comerciales reportadas por la sociedad.

Las cifras analizadas por los investigadores llamaron su atención debido a su magnitud. Estas superaban los $47.000 millones, $34.000 millones, $28.000 millones, $25.000 millones, $23.000 millones y $20.000 millones, todas vinculadas a personas naturales que harían parte de la estructura investigada.

Para los analistas financieros, estos montos no guardaban relación con la capacidad económica que tenian los supuestos vendedores, lo que reforzó la hipótesis de que las operaciones eran ficticias.

La ruta del dinero

Uno de los hallazgos clave apareció al rastrear el destino de los pagos, ya que en la mayoría de los casos, el dinero no siempre llegaban a las cuentas de los proveedores que figuraban en las facturas.

En cambio, los recursos eran girados a terceros autorizados directamente por el representante legal de la compañía.

Entre las personas que recibieron estos pagos figuran Gabriel Jacobo Campo y Eduen Franklin Silva, quienes no tenían una relación comercial formal con la sociedad.

Según los investigadores, este patrón coincide con los mecanismos utilizados para dispersar y ocultar recursos dentro de esquemas de lavado de activos.

Un entramado de más de 731.000 millones de pesos

El alcance de la estructura quedó reflejado en los reportes oficiales. Según la información registrada ante la Dian, el valor total de las operaciones asociadas a esta red alcanzó los $731.118 millones.

Cifra que evidencia el impacto que este tipo de estructuras puede tener en el sistema financiero.

Es así como la investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una red dedicada a encubrir recursos de actividades ilícitas bajo la fachada del comercio de metales preciosos.