Jaime Arizabaleta y su apuesta desde el orden público como eje legislativo

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Jaime Arizabaleta es abogado y activista político de derecha con una presencia sostenida en redes sociales, desde donde ha construido visibilidad pública como candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.

Su aspiración legislativa se da por el Centro Democrático, con el número 113, y se apoya en una agenda que prioriza el orden público, la autoridad institucional y el control político.

Arizabaleta ha ganado reconocimiento como una voz crítica del gobierno de Gustavo Petro, una postura que estructura buena parte de su discurso público. Desde ese lugar, impulsa mensajes de oposición y participa en convocatorias de movilización ciudadana, combinando el activismo digital con la presencia en la calle como mecanismos de intervención política.

En su planteamiento, el Valle del Cauca enfrenta problemas persistentes asociados a bloqueos, violencia y afectaciones a derechos de terceros. Desde allí surge una de sus principales iniciativas: la llamada ley anticapuchos.

La propuesta plantea modificar la Ley 30 de 1992 para permitir el ingreso de la fuerza pública a las universidades públicas cuando sea necesario garantizar la seguridad de los estudiantes y el funcionamiento de las instituciones, que, según expone, se ha visto amenazado por grupos violentos que se refugian en esos espacios.

Otra de sus banderas legislativas es la denominada ley anti-bloqueos. Arizabaleta sostiene que una iniciativa de este tipo no busca prohibir la protesta social, sino establecer límites claros cuando los cierres totales y prolongados de vías afectan gravemente derechos fundamentales.

La propuesta define con precisión qué sería un “bloqueo crítico”, especialmente cuando pone en riesgo la salud, el abastecimiento o el acceso a servicios esenciales.

El proyecto contempla la obligación de mantener corredores humanitarios para ambulancias, medicamentos, alimentos y servicios básicos. También plantea un procedimiento escalonado que incluya verificación, mediación y plazos para el desbloqueo, con la posibilidad de una orden administrativa escrita y motivada solo en casos críticos y después de agotar el diálogo.

En el diseño de esta iniciativa, Arizabaleta incluye sanciones graduadas, con medidas administrativas y penales únicamente en supuestos graves ya previstos en la ley. Asimismo, propone la individualización de responsabilidades para evitar la criminalización de marchas pacíficas y establece límites estrictos al uso de la fuerza, junto con mecanismos de rendición de cuentas para prevenir abusos.

En materia de propiedad y uso del suelo, su agenda incorpora una ley anti-invasiones y contra las mafias de tierreros. El proyecto plantea reforzar la protección de la propiedad y la posesión mediante un procedimiento rápido de recuperación cuando exista ocupación sin título, especialmente en casos que involucren violencia, amenazas, daños o urbanización ilegal.

La iniciativa contempla verificación inmediata por parte de la autoridad, identificación de promotores y financiadores de las ocupaciones y medidas cautelares como el sellamiento y la suspensión de obras.

También fija plazos estrictos para la actuación institucional y sanciones más severas en casos agravados, junto con un protocolo que garantice el debido proceso y la atención humanitaria básica a personas vulnerables, sin legitimar la ocupación.

Más allá de las propuestas legislativas, Arizabaleta se ha consolidado como un actor activo en el debate público digital. Su estrategia de comunicación se apoya en mensajes de alto impacto sobre transparencia, denuncia de prácticas clientelistas y defensa de un Estado con mayor capacidad de autoridad y control. En ese marco, su discurso se ordena alrededor de la oposición al “petrismo” y de lo que define como una vigilancia permanente al ejercicio del poder.

Un rasgo distintivo de su trayectoria reciente es la capacidad de amplificación en redes sociales. Arizabaleta utiliza estas plataformas para convertir asuntos coyunturales en temas de agenda y sostener una discusión diaria con audiencias politizadas, articulando comunidades de seguidores en torno a consignas, etiquetas y llamados a la movilización.

Desde esa experiencia, su aspiración a la Cámara de Representantes se presenta como una extensión de su activismo, con el objetivo de trasladar al escenario legislativo una agenda centrada en institucionalidad, control político y autoridad del Estado.

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