Gastos de representación deben evaluarse en la nueva reforma (Opinión)

Agosto 29, 2022 - 11:01 a. m. 2022-08-29 Por:
Jhon  James Mora - Especial para El País 
jhon james mora

Jhon James Mora.

Ahora que el nuevo Gobierno ha decidido recaudar más dinero y que dada la alta tasa de informalidad laboral (más del 50%), solo se puede identificar a aquellos que trabajen legalmente en las empresas privadas o en el Estado, ha llegado la hora de tocar los gastos de representación que tienen muchos empleados públicos.

No tiene sentido que empleados paguen impuestos diferentes solo por el hecho de que su empleador es el Estado y más cuando se quiere aplicar impuestos adicionales a aquellos que ganan más de $10 millones. La discusión es bastante suigéneris porque es el mismo Estado que durante años ha generado leyes en torno a la discriminación, si discrimina por tipo de empleador.

Tómese el ejemplo del numeral 9 del artículo 206 del Estatuto Tributario, a partir del cual los profesores y rectores de universidades públicas pueden tomar como renta exenta el 50 % de su salario, denominado como gastos de representación, medidas avaladas por la Corte Constitucional, que en la sentencia C – 461 de 2004 dice que la medida “no solo persigue una finalidad válida a la luz del Ordenamiento Superior, sino que además resulta adecuada para alcanzar el objetivo fundamental de dignificar la actividad docente que desarrollan profesores y rectores de universidades oficiales y reconocer el valioso aporte al progreso y a la identidad nacionales”.

¿Acaso los profesores/investigadores de las universidades privadas no contribuyen también a la formación, al progreso e identidad nacional y no deberían tener el mismo trato y estatus en la sociedad?

Es normal que un profesor universitario con doctorado y publicaciones gane alrededor de $10 millones en universidades acreditadas, pero la diferencia que no debería de existir comienza cuando ese mismo profesional trabaja para una universidad privada ya que los cálculos para el pago de impuestos sí comienza desde $10 millones, pero aquellos que trabajan en universidades oficiales sus cálculos comienzan a partir de $5 millones. ¿Entonces no deberíamos empezar por corregir estas diferencias?.

Por otro lado, también cabe preguntar qué tanto se afectará el regreso de doctores y cómo estas medidas afectan las decisiones en torno al desarrollo económico y social de las regiones.

Esta y otras medidas no se pueden tomar de manera aislada, ya que tienen fuertes impactos en el futuro de Colombia. Este es un tema q ue merece discutirse con la nueva reforma tributaria.

Docente y PhD de la Icesi 

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