Estas son las medidas que se necesitan para impulsar la vivienda en el Valle del Cauca

El sector constructor del Valle del Cauca se siente preparado para afrontar el reto de la reconstrucción del departamento, luego del terremoto del pasado 10 de agosto; incluso, ya tiene un plan con las herramientas que requieren para avanzar en ese propósito.

A nivel nacional, el sismo dejó 187.000 viviendas averiadas y 65.000 destruidas; en el Valle del Cauca, el censo indica 7.000 unidades destruidas y 53.000 con afectaciones y en Cali hay 580 edificaciones no habitables.

Esto implica un gran desafío, pues un proyecto de vivienda puede requerir entre 2 y 3 años para completar su desarrollo.

Actualmente, hay una oferta aproximada de 1.611 unidades de vivienda, entre VIS y No VIS en el Valle del Cauca, incluyendo Puerto Tejada, se trata de apartamentos en construcción o terminados. Sin embargo, si se cuenta la oferta en planos, el número aumenta a 7462 unidades, según datos al mes de julio.

“Esta oferta constituye una base importante para atender de manera inmediata parte de la demanda, pero resulta claramente insuficiente frente a la magnitud de las necesidades identificadas después del terremoto”, explicó Alexandra Cañas, gerente de Camacol en el Valle del Cauca, quien considera que para responder a una necesidad de esta magnitud se requiere una articulación efectiva entre los sectores público y el privado, pues el reto no es solamente construir las viviendas, sino lograr que todo el ecosistema necesario para ejecutarlas funcione con rapidez: seguridad, suelo, planeación, licenciamiento, servicios públicos, financiación y demanda. “Necesitamos una reconstrucción segura, digna y oportuna para las familias afectadas”.

¿Qué se requiere?

La expansión de Cali, en los últimos años, se ha dado hacia el sur de la ciudad y dada la necesidad de suelo habitable esta se ha extendido a los municipios vecinos como Jamundí, Candelaria, Yumbo y Palmira.

Por eso, desde Camacol consideran que se requieren adoptar medidas excepcionales que permitan habilitar suelo, agilizar los procesos urbanísticos y facilitar el desarrollo de proyectos.

El plan propuesto por el sector incluye los siguientes pasos:

-Habilitación excepcional de suelo, para lo cual se necesita expedir un marco normativo de excepción que permita incorporar, por una sola vez, y a iniciativa de los alcaldes de los municipios afectados, predios rurales o suburbanos colindantes con las áreas de expansión, cuando sean necesarios, para atender la reconstrucción y garantizar vivienda a los hogares afectados por el sismo.

-Permitir, de manera excepcional, el desarrollo directo de determinados sectores de expansión, sin la necesidad de surtir nuevamente procesos de aprobación de planes parciales, pues esto puede generar demoras.

- Revisión excepcional de los POT (Planes de Ordenamiento Territorial), con el propósito de identificar y delimitar áreas especiales, técnicamente idóneas y con condiciones adecuadas de suelo para localizar proyectos de reconstrucción y vivienda.

- Acortar los tiempos de trámites y licenciamientos, compra de predios y disponibilidad de servicios públicos en zonas donde ya se encuentran procesos adelantados de renovación, o detectados vacíos urbanos con una adecuada microzonificación sísmica.

Y simplificar trámites, para lo cual proponen establecer mecanismos extraordinarios de coordinación entre las entidades responsables y reducir los tiempos asociados a la formulación, aprobación y licenciamiento de los proyectos urbanísticos y de construcción.

“Se requiere establecer un procedimiento excepcional de reconstrucción, con una ruta administrativa clara, coordinada y con tiempos definidos para cada entidad, por ejemplo, lo primero es contar rápidamente con la definición de las zonas aptas para la reconstrucción y con la habilitación del suelo necesario”, comentó Cañas.

Paralelamente, añadió, se deben simplificar y articular los trámites de planeación, urbanismo, licenciamiento, servicios públicos y demás permisos requeridos. “Sería fundamental establecer una ventanilla única o mecanismo de coordinación interinstitucional para la reconstrucción, que permita que las diferentes entidades trabajen de manera articulada y que los proyectos no tengan que avanzar de manera fragmentada por múltiples dependencias”.

Desde la administración caleña consideran que las iniciativas de Camacol son viables, siempre y cuando haya una directriz del Ministerio de Vivienda para sacarlas adelante.

Algunos de los puntos planteados dependen de la ciudad y del Concejo, pero otras deben estar alineadas con las decisiones del Gobierno.

Por ahora, la Alcaldía está enfocada en los planes que tienen en marcha como la renovación del centro de Cali, que incluye planes de vivienda, se plantea construir unidades VIS en los antiguos predios de la SAE en los barrios Refugio, San Fernando y Cámbulos, más lo que se desarrolle en zonas de expansión.

¿Qué pasa en los otros municipios?

De acuerdo con datos de Camacol, la oferta actual de vivienda nueva en los municipios del norte del Valle es muy poca. Según cifras a julio de 2026, el municipio de La Unión tenía 93 unidades en oferta, Roldanillo, 47; Toro, 15, Tuluá, 293 y Trujillo, 49.

La Gobernación del Valle estima que unas 45.000 casas necesitarán reparación. La estrategia en la región estaría enfocada en la reconstrucción en terreno y, en otros casos, la reubicación.

El secretario de Vivienda del departamento, Gustavo Roa, dijo que “ya tenemos unas caracterizaciones preliminares que se han levantado en los diferentes municipios, que nos permiten hoy tejer una estrategia primaria, y es la atención a aquellas viviendas que hoy pueden ser habitadas en los diferentes municipios”.

Para estas lo que se ha determinado es que puedan recibir materiales para sus reparaciones, mientras equipos técnicos realizarán nuevas evaluaciones para determinar las intervenciones que requieren los inmuebles con mayores daños.

Para las casas colapsadas o que deban ser demolidas, se avanza en articulación con el Ministerio de Vivienda para gestionar el respaldo de la Nación, indicó.

De igual forma, se han hecho reuniones con empresarios de la región para establecer su participación. La idea del departamento es que el Gobierno Nacional pueda implementar una figura parecida como Obras por Impuestos para que los empresarios participen de la reconstrucción de la infraestructura.

Julián Otálvaro, líder de obras por impuestos en el grupo Argos, explicó que esa figura recogería todo lo bueno de esa estrategia y funcionaría como un prepago del impuesto de renta de las compañías.

Pero para ello, afirmó, se necesita fortalecer la estructuración de proyectos en los entes territoriales “para que estos tengan una viabilidad rápida, cumpliendo las normas, de manera que los privados, con el recurso del impuesto de renta, puedan desarrollar esas iniciativas en el territorio”, explicó.

Las proyecciones del Ministerio de Vivienda indican que entre octubre de 2026 y marzo de 2027 tendrá lugar una segunda fase, en la que habrá un énfasis en mejoramientos de vivienda, arriendos y los primeros subsidios de vivienda, que serán para vivienda ya construida.

Entre tanto, la tercera fase, que tomará entre dos y cuatro años, contempla la etapa de reconstrucción, de la mano de todos los sectores.

Por ahora muchos damnificados tendrán que acudir al arriendo de propiedades. Fabiola Ortíz Bohorquez, gerente de la Lonja Cali, explicó que frente a las cifras registradas por la Secretaría de Unidad de Riesgos de 25.000 familias afectadas, la oferta disponible de inmuebles en renta resulta insuficiente en lo que refiere al mercado de empresas inmobiliarias formal.

“Las empresas inmobiliarias formales han tomado las siguientes acciones: censo de las afectaciones a los inmuebles arrendados; determinar si los inmuebles disponibles están en condiciones de habitabilidad para poderlos ofertar; tomar requerimientos específicos de las personas afectadas para trasladarlas a predios disponibles y facilitar los procesos de documentos y tiempos de respuesta en el análisis de riesgo, en colaboración con las compañías de afianzamiento y de seguros”, comentó.

De igual forma, dijo que se busca estimular la oferta de inmuebles en venta hacia arriendos y se desarrollan brigadas de captación de inmuebles de los propietarios que arriendan directamente, teniendo en cuenta que estar en una inmobiliaria garantiza que la normatividad se aplique que haya control de precios y evitar la especulación que ya se está dando en el mercado.