El presupuesto de 2027 pone a prueba las cuentas del país: expertos plantean las salidas al ajuste fiscal

El nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 puso sobre la mesa una discusión que va mucho más allá del aumento de su monto. Mientras el Gobierno de Petro había presentado preliminarmente una iniciativa de $575 billones, el nuevo mandato a cargo de Abelardo de la Espriella lo devolvió y radicó una propuesta por $634,9 billones, argumentando que el proyecto anterior no contemplaba todos los gastos que debía asumir el Estado.

La diferencia es de cerca de $60 billones frente al proyecto anterior y de $89,4 billones frente al presupuesto de 2026, que fue de aproximadamente $547 billones.

Para Henry Amorocho, analista económico de la Universidad del Rosario, el incremento representa un aumento del 14,4 %, muy por encima del crecimiento esperado de la economía, que ronda el 2,6 %. Es decir, mientras la economía avanza a un ritmo moderado, el gasto público crece a una velocidad considerablemente mayor.

El problema aparece cuando se mira cómo se financiará ese gasto, de acuerdo con Amorocho, el proyecto contempla $281,4 billones en recursos de capital, de los cuales $150,9 billones corresponden a crédito interno y $87,7 billones a crédito externo. En sus cálculos, el componente de deuda para 2027 llega a $238,6 billones, $113,1 billones más de lo contemplado en la propuesta presentada por el gobierno anterior.

Así, el país enfrenta una paradoja: necesita recursos para atender sus obligaciones y financiar las necesidades de los ciudadanos, pero buena parte de esos recursos adicionales provendrá del endeudamiento. Y mientras más crece la deuda, mayor es también el dinero que debe destinarse a pagarla.

Uno de los datos que más preocupa a los analistas es el peso que tiene el servicio de la deuda dentro del presupuesto. De los $634,9 billones proyectados, $155,4 billones corresponden al servicio de la deuda, según los cálculos entregados por Amorocho, esa cifra equivale aproximadamente a una cuarta parte del presupuesto.

El contraste se hace más evidente al observar el gasto de inversión, el analista señala que este componente se redujo en $4,5 billones frente al año anterior y que, en el proyecto presentado, la inversión queda por debajo del pago de intereses de la deuda. Para Amorocho, esta situación muestra cómo las obligaciones adquiridas en años anteriores empiezan a reducir el margen que tiene el Estado para destinar recursos a nuevas obras y programas.

La presión también se refleja en las cuentas fiscales, Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, señala que el déficit fiscal sería de 7,2 % del PIB en 2026 y podría llegar a 9,4 % en 2027 si no se adoptan medidas adicionales, el Gobierno espera llevarlo nuevamente al 7,2 % mediante una Ley de Ajuste Fiscal equivalente a 2,2 puntos del PIB.

Sin embargo, incluso con ese esfuerzo, los déficits de 2026 y 2027 estarían entre los más altos de la historia reciente del país, solo por debajo del registrado durante la pandemia. Mejía advierte además que, aunque el déficit primario mejoraría de

3,3 % a 2,3 % del PIB, ese avance sería absorbido por el incremento en el pago de intereses, que pasaría de 3,8 % a 4,9 % del PIB. En otras palabras, el ajuste permitiría contener el deterioro, pero no resolvería por sí solo el problema.

¿Más impuestos o una reforma diferente?

La pregunta inevitable es si Colombia necesita una nueva reforma tributaria; la respuesta entre los analistas no es unánime. Para Andrés Giraldo, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, el momento fiscal hace casi inevitable discutir nuevos impuestos.

Sin embargo, considera que la discusión debería estar acompañada de una revisión profunda de los beneficios y exenciones tributarias existentes.

Su planteamiento coincide con una discusión que ha puesto sobre la mesa el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana: Colombia deja de recaudar una cantidad importante de recursos por cuenta de exenciones, descuentos y tarifas especiales. La información compartida por el Observatorio muestra que el gasto tributario del país equivale a una proporción particularmente alta del PIB frente a otros países.

La propuesta, por tanto, no sería simplemente crear nuevos impuestos, sino revisar primero qué beneficios tributarios cumplen efectivamente con los objetivos para los que fueron creados. Giraldo sostiene que existen exenciones otorgadas para estimular determinadas industrias o actividades económicas cuyos resultados deberían ser evaluados antes de mantenerlas.

El economista también propone revisar la estructura del IVA, su referencia es la reforma tributaria que se discutió en 2021, que planteaba ampliar la base gravable y unificar tarifas para algunos productos, acompañando la medida con mecanismos de devolución del impuesto para proteger a los hogares de menores ingresos. A su juicio, una reforma estructural de ese tipo podría hacer parte de la respuesta al problema fiscal.

Amorocho tiene una posición diferente, para él, la salida no debería comenzar por subir las tarifas de los impuestos. Considera que Colombia puede aumentar su recaudo ampliando la base de contribuyentes, reduciendo beneficios tributarios y fortaleciendo la lucha contra la evasión y el contrabando.

El analista señala que existe una brecha importante entre las personas que podrían estar obligadas a tributar y quienes efectivamente lo hacen. Por eso plantea que la formalización económica sea una de las herramientas centrales para aumentar los ingresos del Estado.

En este escenario, una eventual reforma tributaria podría tener un carácter diferente al de aumentar tarifas: simplificar el sistema, ampliar las bases gravables, revisar privilegios y beneficios y mejorar los mecanismos de control.

Crecer para recaudar más

Para Amorocho, sin embargo, Colombia debería mirar más allá de los impuestos. Su apuesta es que el crecimiento económico también puede convertirse en una fuente de mayores ingresos para el Estado.

El analista considera que sectores como hidrocarburos, café, turismo y otras actividades exportadoras tienen capacidad para generar mayores ingresos. En particular, plantea aprovechar reservas petroleras y aumentar la producción en campos que ya están identificados.

Su argumento parte de una premisa sencilla: una economía que crece genera más actividad empresarial, empleo, consumo y utilidades, y por esa vía también aumenta el recaudo tributario.

Por eso, en lugar de depender exclusivamente de una nueva carga impositiva, propone combinar crecimiento económico con una reducción del gasto público. “La reforma tributaria en el momento no la considera el gobierno, yo tampoco considero que sea lo mejor”, plantea el analista, quien considera que el país necesita primero fortalecer su crecimiento y administrar mejor el gasto.

Pero si el Gobierno quiere reducir el déficit sin seguir aumentando significativamente la deuda, tendrá que encontrar dónde recortar. La administración ha anunciado una Ley de Ajuste Fiscal por $21,9 billones, que sería presentada hacia finales de septiembre. Según Amorocho, una parte importante de ese ahorro podría salir de una reforma administrativa del Estado que permita detectar duplicidades de funciones, procesos y entidades.

Su estimación es que entre $12 y $14 billones podrían obtenerse de una reorganización de la estructura estatal. El resto tendría que alcanzarse mediante medidas de austeridad y reducción del gasto.

La pregunta es qué entidades terminarán pagando el costo del ajuste; Amorocho menciona, entre otros sectores, al Ministerio de la Igualdad y señala que también se ha hablado de revisar entidades y programas de los sectores minero-energético y transporte. Sin embargo, advierte que todavía no existe una respuesta definitiva sobre cuáles serán las dependencias afectadas.

La definición deberá salir de un análisis técnico del Gobierno que cruce funciones, procesos y programas para identificar dónde existen duplicidades y determinar cuál debería ser la dimensión real del Estado.

Giraldo coincide en que el recorte del gasto debe hacer parte de la solución, pero agrega otro elemento: revisar programas públicos que fueron creados con determinados objetivos y que con el paso del tiempo pudieron haber perdido efectividad. Eliminar o transformar esos gastos, sostiene, puede contribuir al ajuste sin concentrarlo exclusivamente en nuevos impuestos.

El desafío para 2027, entonces, no consiste únicamente en encontrar los recursos para cuadrar un presupuesto de $634,9 billones. El reto es evitar que la solución inmediata termine profundizando el problema en los siguientes años.

Mejía advierte que, aunque es positivo que el nuevo Gobierno haya hecho explícito el tamaño del problema fiscal, todavía queda pendiente la parte más compleja: diseñar una estrategia capaz de reducir de manera sostenida el déficit y estabilizar la deuda.

Las alternativas planteadas por los expertos no son necesariamente excluyentes, el país podría revisar exenciones y beneficios tributarios, combatir la evasión, ampliar la base de contribuyentes, recortar gastos que hayan perdido su justificación y reorganizar entidades estatales. Al mismo tiempo, tendría que impulsar sectores que permitan que la economía crezca a una velocidad mayor.

La discusión también obliga a mirar qué tipo de Estado puede financiar Colombia, si el gasto crece muy por encima de la economía y el espacio para endeudarse se reduce, cada peso adicional tendrá que competir con obligaciones adquiridas en el pasado.

Para Amorocho, Colombia ya se acerca al denominado ‘ancla de deuda’, al señalar que el nivel de endeudamiento pasaría de alrededor del 61 % del PIB contemplado anteriormente a cerca del 67 % con el nuevo escenario.

Desde su perspectiva, esto limita la posibilidad de continuar financiando el gasto mediante deuda y obliga a buscar el ajuste dentro de las propias cuentas del país.

El panorama deja una conclusión común: el país no tiene una sola salida. Subir impuestos puede aportar recursos, pero no resolvería el problema si el gasto continúa creciendo; recortar puede ayudar a cerrar el déficit, aunque también tendría costos sobre la inversión y los servicios públicos. Crecer es una alternativa de largo plazo que exige políticas capaces de impulsar la actividad económica, el empleo y las exportaciones.

Por ahora, el reto está en encontrar un equilibrio en un escenario fiscal que deja cada vez menos margen de maniobra.