Contralora del Valle habla de los recursos que no se perdieron gracias a la labor fiscal; suman $348.000 millones

A un mes de terminar su periodo como Contralora del Valle del Cauca, Ligia Stella Chaves Ortiz, hace balance de lo que fue su gestión durante cuatro años.

La funcionaria habló con El País y destacó que las tareas de auditoría de la entidad significaron para el departamento beneficios por $348.536 millones y hallazgos por detrimento patrimonial por más de $74.411 millones.

También destacó la labor de las contralorías que considera vienen trabajando con pocos recursos.

¿Usted habla de grandes beneficios del control fiscal en su gestión en el Valle del Cauca, cuáles fueron esos logros?

Nosotros impulsamos una transformación institucional sin precedentes, con una planeación estratégica. Nuestro plan se llamó más control desde el territorio, menos desde el escritorio, tratando de llegar a todos esos municipios, esos rincones del Valle donde nunca se habían auditado, donde nunca se había llegado.

Esto nos ha permitido resultados sin precedentes. Por ejemplo, hemos salvaguardado $348.536 millones.

¿Eso qué significa, son recursos que estaban por perderse y se recuperaron?

Eso es lo denominamos beneficio de control fiscal. Cuando llegan los auditores, encuentran situaciones que se pueden subsanar y evitan que el recurso se pierda, en el marco de la auditoría que están realizando, ya sea por errores administrativos o financieros.

Por ejemplo, te puedo dar el caso del municipio de Guadalajara de Buga, donde tuvimos un beneficio de control fiscal por más de $45.628 millones. En ese municipio se realizó la contabilización del inventario del alumbrado público, el cual no se tenía debidamente registrado, logrando con ello tener el control de dicha concesión.

Otro caso fue el de la Universidad del Valle, cuya auditoría dejó un beneficio por más de $15.253 millones. Y eso fue debido a conceptos de impuesto predial que debía la institución en varias sedes como Cartago, Palmira, Santander de Quilichao y Cali, que, debido a una normatividad, no tenían que pagar y ya lo estaban prácticamente desembolsando.

Ese recurso que retorna a la universidad, que luego va a beneficiar a la comunidad educativa, se llama beneficio de control fiscal, porque no esperamos que se genere el detrimento, sino que se logra un beneficio a través del ejercicio auditor.

Pero también hay casos con detrimento…

Con respecto al detrimento patrimonial evidenciado, la cifra asciende a $74.411 millones. Los casos más representativos fueron reportados tanto por la ejecución de auditorías como por la gestión de las denuncias ciudadanas.

Por ejemplo, en Jamundí se identificaron 2 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, motivados por la falta de claridad sobre el soporte del endeudamiento adicional del municipio y la inversión de estos recursos. También se pagaron intereses por dicho empréstito no justificado.

¿Y luego de que detectan este detrimento, ¿quién responde por esto?

El detrimento patrimonial es cuando ya efectivamente el recurso se perdió. Fuimos a auditar, revisamos, les dimos el beneficio de ejercer su derecho de contradicción al sujeto de control y vemos que ya la plata se perdió. Ese detrimento va a un área que se llama responsabilidad fiscal que lleva un proceso con el fin de recuperar el recurso.

La labor de las contralorías ha sido muy cuestionada porque se les han acusado históricamente de estar amañadas con los gobiernos, ¿esto ha cambiado?

Yo creo que las cifras, en nuestro caso, muestran la realidad del trabajo de las contralorías que son entidades técnicas.

Amén de los errores que pueden existir, y son ya de temas estructurales, legislativos, pero el papel de las contralorías territoriales es importante. Yo considero que no hay que satanizarlas, y lo hablo desde mi función como contralora. Al contrario, hay que fortalecerlas, porque si estos resultados que estoy mostrando no son resultados de papel, son resultados tangibles, que hacen que la entidad de los sujetos de control y la comunidad, finalmente, pueda gozar de esos recursos que no se pierden.

Entonces, siempre hay el ataque. Las contralorías territoriales estamos en una situación de desventaja frente a la Contraloría General de la República. Nos faltan recursos, nos falta personal, nos faltan herramientas para poder potencializar nuestro trabajo.

No obstante, considero que las contralorías deben fortalecerse y deben gozar con los recursos y el talento humano necesario para ejercer un mayor control fiscal.

Muchos ciudadanos piensan que en el país no hay justicia con los corruptos, en estos casos que se detectan irregularidades, ¿sí se establecen responsables?

Sí hay responsable. Nosotros contamos con una oficina coactiva, que es donde embargamos bienes. Cuando el sujeto no quiere devolver la plata, tenemos medios coercitivos para hacerlo.

Y ese recurso finalmente entra y entra a una bolsa que es del Estado, de la institución donde se ha perdido el recurso. Son hechos tangibles, por eso siempre se dice que las contralorías son entidades técnicas.

Lo que se critica a veces es que de pronto no se recupera tanto, pero la gente no le hace seguimiento a las cifras. Pienso que hay una prevención muy grande con los agentes de control. Si les hicieran seguimiento a las cifras, se darían cuenta que, de verdad, las contralorías sí trabajan y sí dan resultados tangibles, como las cifras que hoy estamos dando.

Nosotros cuando elevamos hallazgos, estos también son de carácter disciplinario y van a Procuraduría, o carácter penal y van a Fiscalía. Ya esos son entidades autónomas, que se encargan de hacer el proceso. Pero nosotros cumplimos con tratar de recuperar el recurso.

Mucha gente se confunde y dice la contraloría no hace nada, nunca mete preso a nadie, nosotros no tenemos que mandar a la cárcel a nadie, somos una entidad netamente administrativa y nuestra función primordial es recuperar ese recurso. Por eso nuestros esfuerzos últimos van encaminados a que ese recurso se devuelva a la entidad donde se perdió.

¿En el trabajo que ustedes hacen día a día ven que la corrupción permanece o ha disminuido?

Corrupción hay, no lo vamos a negar y muchísimo. Y la corrupción muta, que es lo peor. Y los entes de control tenemos que irle al paso a esas mutaciones que hace la corrupción.

Siempre llegamos y auditamos una entidad y encontramos un cierto tipo de hallazgos. Las entidades hacen sus planes de mejoramientos, cambian, y luego volvemos a auditar y encontramos otro tipo de hallazgos.

Entonces, es una cosa que permea a todos los estratos de la sociedad y a todos los niveles. Los entes de control, en este caso la Contraloría, tenemos que estar al paso de esa corrupción.

Y acá en el Valle, ¿cómo siente usted el ambiente?

El ambiente no es diferente al del resto del país. Hay corrupción, la entidad le ha salido al paso a ese tema, te lo puedo decir también como presidenta de la Comisión Regional de Moralización del Valle, que fui dos años y reelegida por mis compañeros, que son la Fiscalía, la Procuraduría, todos los que conforman la Comisión. Y como Presidente de Moralización, llevamos los temas más emblemáticos.

Pero también puedo decir que esperanza siempre hay, no se tiene que perder y para eso trabajamos.

¿Y en esa Comisión qué hacen?

Esa Comisión es una dependencia que trabaja directamente de la Presidencia de la República y estamos los principales entes de control del departamento, y lo que hacemos es tomar casos emblemáticos de corrupción y sacarlos adelante, o sea, garantizar que, efectivamente, primero se pague quien tenga que pagar, si hay resarcimiento que se haga efectivamente, y tercero que se cumpla con el objeto por el cual se contrató.

¿Y recuerda alguno de esos casos?

Claro que sí, fuimos vital y fundamental en el tema del Puente Juanchito. Allí se levantaron hallazgos que los tiene la Contraloría General de la República, porque era la competente, pero además de eso nos volvimos articulador para sacar adelante otros problemas

También trabajamos otros casos como el Puente Barragán, el Hospital Buena Esperanza, gracias a la Comisión de Moralización ya se va a entregar a los yumbeños, es un hospital que estaba a punto de convertirse en una obra inconclusa.

Ya está terminando usted su periodo como Contralora, ¿finalmente, ¿cómo se siente?

Me siento bien, no podemos decir que hicimos el máximo, siempre hay algo que queda por hacer, o que uno siente que debe hacer, al menos una servidora pública nata como yo, que me exijo demasiado.

Conté con un gran equipo de trabajo a quien agradezco profundamente y logramos que esta Contraloría se modernizara, logramos una sala de oralidad que no teníamos, la digitalización de todos los procesos, tener un sistema de gestión documental, tener unas redes activas, aumentar las denuncias, hoy la Contraloría del Valle la conoce todo el mundo, porque esos cuatro años logramos salir de esa esquina donde los entes de control mantienen.

También logramos recuperar recursos sin precedentes y alcanzamos un 93.5 de calificación de la Auditoría General de la República, la más alta de todas las Contralorías departamentales del país. Creo que cumplimos, hicimos una gran tarea, que no es fácil, pero me voy con la satisfacción del deber cumplido.