Debate: ¿se invierte bien la plata de la tasa de seguridad del Valle?

Desde el 1 de enero de 2017, en la factura de la energía de todos los vallecaucanos estratos 4, 5 y 6, además de sectores comerciales e industriales, se realiza el cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia, con la que la Gobernación financia el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad del departamento, Fonset.

Según el Secretario de Seguridad del Valle, Jesús Antonio García Micolta, con esos recursos se financia una “política de seguridad para todo el departamento, además de estrategias que hemos diseñado con la Fuerza Pública para prevenir el delito”.

En teoría, uno de los objetivos es fortalecer los operativos contra el narcotráfico en la región, además de disminuir los casos de hurtos y homicidios en los municipios.

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Hace un par de semanas, por ejemplo, la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que las cámaras de seguridad que se instalaron en Tuluá y Buga ya estaban en funcionamiento, “y fueron instaladas con recursos de la tasa para la seguridad que pagan los vallecaucanos”.

El Secretario de Seguridad del Valle, Jesús Antonio García Micolta, además, le hizo llegar a este diario un completo informe sobre las inversiones realizadas hasta el momento con los recursos de la tasa.

En Buga ya se invirtieron $29 mil millones para el inicio de las obras del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad del Departamento, CGES, “que será el corazón de la seguridad y de la atención de emergencias en el Valle del Cauca”.

Allí, entre otras cosas, estarán conectadas las cámaras de seguridad de todos los municipios, lo que optimizaría la capacidad de reacción de la Policía y el Ejército.

“Este centro comando permitirá que las cámaras de seguridad funcionen también como un recaudo de material de prueba, que es muy importante en los procesos judiciales”, explicó el Secretario de Seguridad del Valle.

A propósito de cámaras de seguridad, con la tasa la Gobernación del Valle ha adquirido 131 hasta el momento, que están siendo instaladas en 27 municipios: Alcalá, Ulloa, Obando, El Cairo, Argelia, La Victoria, Roldanillo, Toro, Versalles, El Dovio, Zarzal, Sevilla, Caicedonia, Tuluá, Riofrío, Buga, San Pedro, Calima, Yotoco, Restrepo, Ginebra, Guacarí, Florida, Candelaria, La Cumbre, Yumbo y Jamundí.

La inversión en cámaras de seguridad es de $14.659.938.320, “y el presupuesto incluye la totalidad de precios asociados a la implementación, puesta en operación y mantenimiento durante dos años”, se lee en el informe.

El documento sobre las inversiones de la tasa también detalla que con este cobro por la seguridad, a la Policía Valle se le entregaron 95 motos, y al Ejército, 41. A la Armada Nacional, la Fiscalía, entre otras instituciones, les entregaron vehículos. A la Tercera Brigada se le dotó “de diferentes implementos”.

Hasta el momento, por la tasa, se han recaudado $57 mil millones.

Sin embargo, hay una polémica. En Cali, donde la meta de este 2019 es cerrar el año con menos de 1100 homicidios, la Alcaldía insiste en que aún no se ha hecho una inversión concreta con los recursos de una tasa “que también pagan los caleños”.

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Lo dijo hace unos días el candidato a la Alcaldía de Cali Michel Maya, en una entrevista en este diario: “hemos cometido un error gigantesco en las últimas tres alcaldías: enfrentarnos con el Gobernador o la Gobernadora y no hemos trabajado en llave con ellos. Maurice Armitage no trabajó en llave con Dilian Francisca Toro, Rodrigo Guerrero no trabajó en llave con Ubeimar Delgado y el mismo Jorge Iván Ospina, a pesar de haber sido aliado con Juan Carlos Abadía, tampoco trabajó en llave con él y el costo es que Cali perdió un aliado fundamental para el crecimiento”.

En el tema de seguridad, aquella división es evidente. La Gobernación y la Alcaldía no tienen relación y por lo tanto no trabajan unidos para enfrentar el aumento de los homicidios en Cali, algo que se explica por la división y diferencias políticas que ha existido entre el alcalde Maurice Armitage y la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Mientras que el Secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, insiste en que en la ciudad no se han hecho inversiones con los recursos de la tasa de seguridad que cobra la Gobernación, el Secretario de Seguridad del Valle, Jesús Antonio Micolta, responde que dichos recursos no se invierten según cada municipio, sino en un “plan integral de seguridad del Valle del Cauca que se hizo en conjunto con al Fuerza Pública”. Como si la comunicación entre los funcionarios para entenderse sobre un asunto tan imprescindible para los ciudadanos no existiera.

“Si la Gobernación del Valle hubiese querido hacer alguna inversión en Cali con los recursos de la tasa de seguridad, estábamos dispuestos a coordinarla. Ojalá el próximo Gobernador y el próximo Alcalde articulen inversiones con los recursos que pagan los caleños por ese rubro”, dijo Villamizar, quien considera que a Cali le deben ingresar parte de esos dineros, “por ley”.

Las cámaras de vigilancia que se están instalando en los municipios con los recursos de la tasa de seguridad, estarían interconectadas al centro de comando y control de seguridad y emergencias que construye la Gobernación del Valle en Buga.

Según el decreto 399 de 2011, en el artículo 12, “para efectos de la imposición de tasas o sobretasas destinadas a la seguridad y la convivencia ciudadana, el recaudo de los recursos que tengan ocurrencia en un hecho generado de origen distrital o municipal será destinado exclusivamente al fondo territorial de seguridad distrital o municipal”.

En otras palabras, en teoría, la plata que pagan los caleños por la tasa de seguridad debe invertirse en la ciudad.

Sin embargo, el Secretario de Seguridad del Valle, Jesús Antonio García Micolta, asegura que “el Fondo de Seguridad es departamental, no municipal. Por eso los recursos que pagan todos los municipios por la tasa se van para el fondo departamental y no de cada municipio”.

La polémica sobre cómo invertir los recursos de la tasa se ha mantenido justamente porque no hay comunicación entre el gobierno local y el departamental. El mismo Jesús Antonio García Micolta lo reconoce. “Debemos trabajar de manera más articulada. La de la seguridad es una problemática que no permite visiones reduccionistas sino acciones integrales”.