Viaje por el andén del Pacífico: tras la paz con las Farc, continúa el temor en Tumaco

Viaje por el andén del Pacífico: tras la paz con las Farc, continúa el temor en Tumaco

Diciembre 02, 2018 - 11:30 p.m. Por:
Íngrid Valderruten / Enviada especial de El País
Tumaco

Tumaco es un municipio ubicado en el suroccidente del departamento de Nariño. Actualmente cuenta con tropas de la Fuerza de Tarea Hércules, que a inicios de este mes capturaron a alias ‘Máquina’, uno de los hombres al servicio de alias ‘Guacho’.

Ingrid Valderruten Peña / El País

Tumaco es el municipio con la mayor cantidad de cultivos de coca del país, y con tendencia al aumento, registrando 23.148 hectáreas, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2017).

La cifra, expuesta por la Defensoría del Pueblo Nacional en su documento de análisis al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, coincide con la realidad que describen habitantes de esta zona del pacífico nariñense, donde el conflicto con las Farc desapareció, pero los sigue acechando la violencia que generan otros actores armados ilegales, en medio de su disputa por el territorio y los negocios ilegales.

“Acá lo que se formó (después de la firma de la paz con las Farc) fue un desorden. Se complicó más la situación porque se crearon como tres bandas y eso no se pueden ver en cualquier lado porque ahí mismo se van es dando plomo. Ahora (el pasado 9 de noviembre), a medio día, hubo una balacera en el barrio Los Ángeles y como que mataron un estudiante”, cuenta un taxista, quien recorre a diario las calles de Tumaco, donde hay un enorme despliegue de fuerza pública, que además de proteger a la población está tras la pista del disidente de las Farc más buscado por las autoridades colombianas: alias ‘Guacho’.

La zona rural no es ajena a la tensión que viven los tumaqueños en el casco urbano. Juan Edgardo Pai, líder indígena del pueblo AWA, asegura que la expansión de los cultivos de coca está relacionada con “el abandono institucional”. Añade, que en el caso de su comunidad, les toca caminar hasta cuatro días para poder llegar a la cabecera municipal.

“En esos sectores ni siquiera contamos con escuelas bien construidas, con un camino bien arreglado, con los servicios básicos que pueda tener un ser humano en esta época, eso permite que la gente por necesidad siembre esos cultivos para tener con qué sostenerse”, dice Pai.

El líder agrega que las comunidades que siembran coca no se benefician, pues “a duras penas conseguirán para los alimentos, el beneficiado es el que transporta y negocia más a fondo”.

Sin embargo, asegura que la coca es más fácil de “coger, sacar y vender”: “es mas rentable cultivar un kilo de coca que cuatro hectáreas de maíz. Una arroba de maíz cuesta $40.000, pero si la saca acá (en Tumaco) prefieren comprar otro, que es un poco más barato que el natural, entonces la coca produce más”.

El líder no habla sobre los valores de comercialización de la siembra de coca, pero el defensor del pueblo nacional, Carlos Alfonso Negret, asegura que en diálogo con campesinos estos han manifestado que reciben la mínima suma $280.000 por esta actividad.

Tumaco

La población con necesidades básicas insatisfechas en Tumaco supera el 48%. El acueducto y alcantarillado son dos de las carencias que vive esta zona.

Ingrid Valderruten Peña / El País

Reclamo por sustitución de cultivos

En su informe de análisis al Pnis, la Defensoría advierte que los actores sociales y comunidades de Tumaco se ven afectadas “por las presiones ejercidas por actores armados ilegales que les impiden abandonar los cultivos de uso ilícito para asegurar sus fuentes de financiamiento”.

Además de la presencia de disidencias de las Farc, como el frente Oliver Sinisterra, comandando por alias ‘Guacho’, en Tumaco también generan impacto grupos como las autodefensas y el ELN, que tratan de acaparar territorios en los que estaban las Farc.

“Por un lado, si desde el Estado se impulsa con la población la estrategia de sustitución voluntaria (de cultivos ilícitos), los grupos armados legales ejercen presión para que no abandonen las actividades de cultivo, recolección y procesamiento de la pasta base de coca, valiéndose de amenazas, hostigamientos y asesinatos selectivos”, explica la Defensoría en su informe sobre el Pnis.

Por el otro - añade el ente del Ministerio Público - “si el Estado adelanta operativos de erradicación manual forzosa, los actores armados presionan la movilización social de la población buscando el bloqueo de estas labores”.

En este último caso, la Defensoría recuerda el 5 de octubre del año pasado, cuando se presentó una agresión contra la población civil “en el marco de protestas derivadas de las actividades de erradicación manual forzosa en la vereda El Tandil (Corregimiento de Llorente), la cual dejó como saldo 6 personas muertas y 21 heridos entre campesinos, indígenas y afrocolombianos”.

Según el defensor Negret, la implementación del Pnis ha tenido dificultades porque los negociadores del acuerdo de paz del gobierno y las Farc no tuvieron un acercamiento directo con las comunidades: “cuando no se consulta desde las bases para hacer este programa, es imposible”.

El líder indígena AWA añade que su pueblo no se ha acogido al programa de sustitución de cultivos ilícitos porque los acuerdos no plantean lo que es prioritario para la comunidad.

“La gente no necesita que le den unos millones, sino vías, puentes y proyectos alternativos productivos, porque somos trabajadores, nos gusta el campo, nos gusta vivir en la selva. Por ejemplo, somos muy productores de chiro, que es un bananito que da mucho el territorio y que puede tener algún comercio; el maíz y la caña también es bueno, pero esos productos se deben transformar, entonces necesitamos crear microemprsas para transformar esos productos y venderlos”, señala Jorge Edgardo Pai.

El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila, asegura que aunque el Pnis tuvo dificultades en su inicio, entre otros aspectos, por la falta de planeación, el gobierno actual cuenta con una hoja de ruta para estabilizar el programa y en Tumaco ya hay algunos avances.

“Los malos, que son los que compran esas materias primas, son los principales interesados en crear la sensación de que estamos incumpliendo para volver a arrebatar esas familias a la legalidad”, dice Archila.

Tumaco

Según la Alcaldía, en esta región costera la economía depende de la agricultura, la pesca, la actividad forestal y el turismo. El desempleo supera el 75%.

Ingrid Valderruten Peña / El País

Jóvenes, actor vulnerable

Tumaco tiene 208.000 habitantes, “pero con el desplazamiento que ha habido del resto del país por el atractivo del negocio del narcotráfico y el cultivo de la hoja de coca, nuestra población es mayor, podríamos estar hablando de 225.000 habitantes”, señala el alcalde del municipio, Julio César Rivera.

El mandatario añade que Tumaco tiene múltiples necesidades, pero el desempleo, que supera el 75%, es una de las mayores problemáticas.

“La falta de oportunidades para los jóvenes que salen del bachillerato, más de 2500 se nos gradúan cada año, son realmente nulas. Si miramos los jóvenes que se detienen hoy, los que cometen el crimen, son niños realmente que no pasan de los 20, 21, 19, 18 años, entonces creo que ahí está el gran reto, trabajar para que a Tumaco llegue esa oferta que nos permita que nuestra gente pueda tener esa situación de trabajo”, afirma Rivera.

El alcalde precisa que el aumento de delincuencia en Tumaco es una acción directa de la presión que se está ejerciendo al narcotráfico: “muchos de estos jóvenes dejan de percibir recursos, que son con los que se sostienen cuidando muchas de estas estructuras, entonces al no tener esos recursos acuden a otros elementos delictivos”.

Sustitución de cultivos

La Alta Consejería para el Posconflicto indicó que en Tumaco hay 16.535 acuerdos individuales firmados dentro del Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícitos, Pnis y se han destinado $30.896 millones en los pagos. Como parte de la ruta de estabili- zación, se dará respuesta a los descargos de las familias que se encuentran con pagos suspendidos y se realizará una revisión de posibles casos de multiafiliación. Entre otras cosas, se indicó que se inició con un operador un proceso de compra de insumos y materiales para implementar proyectos seguridad alimentaria.

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