Tutela abre el debate en la propuesta de reforma judicial

Limitación a ese mecanismo causa inquietud. Proyecto no abarca todos los problemas.

Como un proyecto parcial que apenas recoge algunos de los problemas que más preocupan a la administración de la justicia en el país, pero que va por buen camino, calificaron analistas la propuesta de reforma judicial que presentó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a las altas cortes.Entre los puntos que más inquietudes genera, a consideración de los expertos, está el tema de la limitación a la Acción de Tutela, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de un nuevo organismo; las competencias disciplinarias que tendrán las Cortes y el presupuesto que se requiere para plantear un proyecto tan amplio.Para los analistas, pese a que la tutela seguirá siendo una herramienta jurídica válida que el ciudadano podrá interponer cuando sienta vulnerados sus derechos fundamentales, el hecho de que para interponer este recurso contra sentencias y providencias judiciales emanadas desde la Corte Suprema y el Consejo de Estado se necesite un abogado, podría limitarle a los ciudadanos el acceso a la justicia.A consideración del ex vicefiscal, Francisco José Sintura, “justamente lo que ha permitido que el ciudadano tenga acceso a la administración de justicia es que la tutela sea sin abogado. Exigir que ahora se necesite el derecho de postulación, que es introducir la tutela con abogado, lo limita”.En ese mismo sentido el ex magistrado José Gregorio Hernández considera que ese hecho podría “encarecer el acceso a la administración de justicia porque los abogados cobran por la prestación de esos servicios y puede haber personas que carezcan de recursos para hacerlo”. Pero el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar considera que el cambio es positivo porque “lo que se busca es un poco limitar el abuso de la tutela. Pueden también actuar allí los defensores públicos para que representen a los ciudadanos que no tengan recursos”. En cuanto al hecho de que la tutela contra sentencias y providencias de la Corte Suprema y el Consejo de Estado se instaure ante la Sala Plena de esas corporaciones, los analistas consideran que es sano.Según el ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Rubén Henao, “lo que está buscando el Gobierno es que no subsista la guerra entre las cortes (choque de trenes) y que esos altos tribunales, que son una autoridad pública, acepten de una vez por todas que no son infalibles, que se pueden equivocar”.Otros puntos que preocupanEn cuanto la creación de una nueva instancia que reemplazaría al Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, el ex magistrado José Gregorio Hernández cree que “con modificar la estructura de la administración para que se suprima o desaparezca ese Consejo, no se garantiza que los procesos judiciales que hoy son tan demorados se agilicen ni se ataque la inmensa congestión existente y que va en aumento”.“Hay que saber qué se va a consagrar para reemplazarlo, de manera que los problemas de justicia verdaderamente sean resueltos”, agrega. Sin embargo, el ex magistrado Henao no comparte la idea de sustituir al CSJ y lo considera “tal vez la entidad más perfecta que el Constituyente creó en el Estado Social colombiano”.Argumenta que “lo que ha ocurrido es que magistrados de las altas Cortes se han equivocado en las personas que han designado y han elegido ellas mismas para administrar la justicia”.En relación a las competencias disciplinarias que tendrían las Altas Cortes, el mismo ex magistrado piensa que “es un buen paso porque a este momento los magistrados de altas cortes no tienen juez que los juzgue”. Otro aspecto que preocupa de esta reforma es el presupuesto. Según datos del ex vicefiscal Sintura, “en la administración de justicia hay un déficit ya de un billón cien mil millones de pesos y eso es preocupante porque si está funcionando con problemas, esa deficiencia se va a incrementar, con un problema adicional y es que las demandas contra la administración se han incrementado enormemente”.