Suspenden proceso de contratación de escoltas de la UNP por más de $78.000 millones

Un juez ordenó la suspensión provisional del proceso de contratación de escoltas que adelantaba la Unidad Nacional de Protección (UNP) por un valor superior a los 78.000 millones de pesos, luego de admitir una acción de tutela que cuestiona presuntas irregularidades en la convocatoria. La decisión impide que el contrato sea adjudicado mientras se resuelve el fondo del proceso judicial.

La medida recae sobre el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, mediante el cual la entidad buscaba contratar la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección 1 y 2 del Programa de Protección, que incluyen los esquemas de seguridad del presidente de la República y de otros funcionarios de alto nivel.

La tutela fue presentada por un escolta que alegó la presunta vulneración de derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo, el debido proceso administrativo, el mínimo vital y la dignidad humana. Entre los argumentos expuestos figura una modificación en el alcance del proceso contractual, que inicialmente contemplaba diez zonas de cobertura y posteriormente fue limitado a dos, sin que, según los accionantes, se explicaran de manera suficiente los criterios que motivaron ese cambio.

Como consecuencia de la decisión judicial, la UNP deberá abstenerse de continuar con la adjudicación del contrato mientras avanza el estudio de la tutela. Asimismo, el juzgado ordenó notificar la suspensión a las uniones temporales interesadas y publicar la decisión dentro del proceso contractual.

La contratación ya había despertado cuestionamientos en los últimos días. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia preventiva sobre este y otros procesos que adelanta la UNP antes del cambio de gobierno, al considerar que la administración entrante debía tener la posibilidad de revisar la necesidad, conveniencia e idoneidad de las contrataciones relacionadas con la seguridad del nuevo gabinete.

En respuesta a esas solicitudes, la Procuraduría realizó una visita preventiva a las instalaciones de la UNP para recopilar información sobre el proceso contractual. El Ministerio Público indicó que la actuación busca verificar aspectos relacionados con la planeación, los requisitos, la modalidad de selección y los fundamentos técnicos y presupuestales de la contratación. Hasta el momento, el ente de control señaló que la revisión continúa y que las actuaciones tienen carácter preventivo.

La suspensión judicial no representa una decisión definitiva sobre la legalidad del proceso, sino una medida provisional mientras se resuelve la acción de tutela. Será el despacho judicial el encargado de determinar si existieron vulneraciones a los derechos invocados y si la contratación puede reanudarse o debe adoptar modificaciones antes de continuar.