Sectores políticos celebraron la suspensión provisional de la emergencia económica: “No había justificación”

Por medio del Auto 082 de 2026, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto del Estado de Emergencia Económica y Social en el territorio nacional declarado por el gobierno Petro, decisión que fue celebrada por varias figuras políticas.

Una de las reacciones a favor fue la de la senadora Angélica Lozano, quien sostuvo que la declaratoria del Ejecutivo no cumple con los requisitos mínimos contemplados en el artículo 215 de la Constitución, en el que se establece que solo hay emergencia económica cuando existe un hecho imposible de planificar o prever.

“En Colombia hemos tenido ejemplos claros de ello: la avalancha de Mocoa o la pandemia del covid-19. Ahora la Corte debe analizar si el hecho de que el Congreso haya negado un proyecto de ley puede equipararse a una catástrofe que genere gasto de un día para otro”, manifestó.

La precandidata y también senadora Paloma Valencia, remarcó que “no había un hecho grave e imprevisto que justificara esta emergencia. La crisis fiscal es un problema estructural y la creó el Gobierno Petro con su pésima administración”.

A esa voz se sumó el congresista Carlos Fernando Motoa, quien destacó que no estaban las condiciones dadas para generar más impuestos. A su juicio, lo que requiere el país es un mejor gasto público, un mejor Gobierno y que se respeten los principios constitucionales.

Sin embargo, las reacciones en contra no tardaron en llegar, y uno de los que reprochó con fuerza lo sucedido fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que la decisión de la Corte inclina la balanza hacia los más ricos y afecta a las clases menos favorecidas.

“Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre $ 3000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho a que esto haya pasado”, aseveró el alto funcionario.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, arremetió no solo contra la derecha del país, sino contra la Corte, indicando que sus intereses ya no van dirigidos al bien de la población ni a la disminución de brechas.

“¡Así de mezquina es la derecha de este país! (...) Ve uno con nostalgia aquellos tiempos en que la Corte Constitucional era aliada del pueblo en la superación de las brechas de injusticia. Cuando haya crisis de subsidios de energía o dificultades para pagar la Unidad de Pago por Capitalización en salud, que a los colombianos no se nos olvide quién dio la orden”, mencionó.

Con la suspensión en firme del decreto, la responsabilidad del control constitucional definitivo recae ahora sobre los magistrados restantes, quienes deberán determinar si los argumentos del Gobierno validan la evasión del trámite legislativo ordinario.