Procuraduría pone en la mira los contratos entre la ANI y la Sociedad Colombiana de Ingenieros por el Metro de Bogotá

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una exhaustiva revisión del contrato suscrito en junio de este año entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). Este contrato tenía como objetivo principal obtener un concepto sobre la viabilidad de poner subterráneo el trazado de la primera línea del Metro de Bogotá, a pesar de que el contrato original estipula un trazado elevado. Esta solicitud se alinea con la persistente postura del presidente de la República, Gustavo Petro.

Los señalamientos de la Procuraduría sugieren una presunta violación de los principios de autonomía de las entidades territoriales y de la autonomía de la voluntad de las partes en los contratos estatales. Según el ente de control, la ANI carece de la autoridad para evaluar proyectos en los que no desempeña un papel como contratista o contratante.

Además, se ha advertido que la entidad habría desestimado el Estatuto de Contratación Pública al seleccionar al contratista sin respetar la pluralidad de oferentes, el concurso de méritos y el principio de transparencia.

Tras analizar minuciosamente la documentación relacionada con el proceso de contratación y las respuestas proporcionadas por la ANI, se han detectado acciones que podrían derivar en supuestas irregularidades. Estas acciones se han consignado en un informe que tiene como propósito que el ente de control inicie una investigación disciplinaria para determinar si se han cometido faltas disciplinarias y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

En cuanto a la insistencia del presidente Petro en la posibilidad de soterrar el trazado del Metro, a principios de 2023, se anunció la creación de mesas técnicas para revisar las viabilidades técnicas y legales de modificar el contrato original. Estas mesas, en colaboración entre el Distrito y la Nación, se centran principalmente en la Avenida Caracas.

A pesar de que estas mesas han tenido un avance limitado en las discusiones, en julio de este año, el presidente Petro anunció sorprendentemente a través de su cuenta de Twitter que ya había un acuerdo en común con la Alcaldía de Bogotá para evitar la construcción del metro elevado. Sin embargo, la administración distrital negó categóricamente este acuerdo, lo que llevó al presidente a acusar a la alcaldía de haberlo engañado. Finalmente, la alcaldesa Claudia López confirmó que están a la espera de estudios y conceptos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para evaluar los criterios de beneficio-costo de las alternativas para soterrar el trazado.

Semana ha tenido acceso al contrato firmado entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Este contrato, con un valor de 8.375 millones de pesos, fue suscrito en julio y establece tres escenarios que deben ser evaluados, incluyendo la posibilidad de trasladar el trazado a la Carrera 13. Estos escenarios se relacionan con el diseño actual del metro elevado, la posibilidad de soterrar el trazado y la evaluación de un diseño subterráneo por la Avenida Caracas y la Carrera 13.

El ministro de Transporte, William Camargo, en conversaciones con Semana en julio, ha explicado que “lo que hemos pedido es lo que se denomina en ingeniería una evaluación de beneficio – costo y que compara las alternativas que existen en este momento, que es el diseño actual con el viaducto, la posibilidad de que ese trazado se pueda soterrar, y la otra es el proyecto que nosotros dejamos en su momento en ingeniería básica avanzada y que tiene diseños definitivos y que va entre la décima y la 13 por todo el borde oriental”.