Procuraduría mantiene suspensión del general Huertas y Wilmar Mejía por presuntos vínculos con disidencias de ‘Calarcá’

El general del Ejército Nacional, Juan Miguel Huertas, y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, seguirán suspendidos de sus funciones públicas durante tres meses por el escándalo de los presuntos vínculos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá con el Gobierno Nacional.

Así lo ratificó la Procuraduría General de la Nación, la cual adelanta una investigación disciplinaria por estos hechos, con el fin de que se evite la reiteración de las conductas denunciadas y que el desarrollo del proceso se proteja.

También se comprobará si los dos funcionarios cometieron faltas disciplinarias que ameriten una sanción como la posibilidad de no poder ejercer cargos públicos.

En su momento, el Ministerio Público explicó que la medida cautelar se aplicó para asegurar la transparencia del proceso, luego de que diferentes informes periodísticos revelaran posibles contactos entre los oficiales y las disidencias. Las publicaciones surgieron a partir del informe televisivo “Los archivos secretos de Calarcá”, emitido el 23 de noviembre de 2025 por Noticias Caracol.

Según esas investigaciones periodísticas, la Unidad Investigativa del noticiero de televisión mencionado analizó material que sugería intercambios de información entre un general del Ejército y un funcionario de inteligencia con mandos del Estado Mayor Central de las disidencias. Los medios identificaron a Huertas como comandante de personal del Ejército y a Mejía como funcionario de la DNI.

Entre los archivos destacó una carta fechada el 8 de febrero de 2024 en la que se relató un encuentro en el que Huertas habría propuesto crear una empresa de seguridad privada con una participación económica de mitad y mitad.

El plan señalaba que el oficial gestionaría los trámites ante las autoridades, mientras que los disidentes aportarían armamento y personal. La estrategia buscaba iniciar operaciones con 20 hombres con permisos de porte de pistolas para luego solicitar autorizaciones de fusiles, lo que permitiría que miembros del grupo armado circularan por el país bajo una fachada legal.

Los documentos también mencionaron que Huertas, reintegrado al servicio durante el actual Gobierno luego de haber salido en 2022, habría ofrecido garantías para evitar detenciones de los disidentes en puestos de control mediante su cercanía con mandos del alto gobierno y su rol en el manejo de personal militar.

Así las cosas, se espera que más adelante el Ministerio Público dé a conocer más detalles sobre este proceso investigativo. Pero por el momento, no va a haber un pronunciamiento de fondo sobre Huertas o Mejía.

*Con información de Colprensa y redacción de El País