Procuraduría anuncia investigación contra la canciller Yolanda Villavicencio por el caso de los pasaportes

Se ampliaron los hechos de la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación en contra de la canciller Yolanda Villavicencio por presuntas irregularidades en la firma del nuevo contrato de pasaportes entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.

En esta ocasión, la Sala Disciplinaria de Instrucción deberá revisar si se omitió la realización de un proceso de selección competitivo al seleccionar, sin licitación, a la Imprenta para que se haga cargo de la expedición de los documentos, teniendo en cuenta además que la empresa no cuenta con la capacidad para ejecutar el contrato.

Según el Ministerio Público, la Imprenta va a necesitar recibir capacitación e incurrir en gastos para subcontratar servicios adicionales para cumplir con el contrato con la Cancillería.

También investiga la Procuraduría si se omitió la ley que regula la contratación con organismos internacionales, pues el valor de los aportes que realiza la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio.

Asimismo, se pudo haber incurrido en una irregularidad al comprometer vigencias futuras de carácter excepcional que superan el 2026, año en que llega a su fin el periodo del Gobierno actual. Esto lo investigan teniendo en cuenta la posible consecuencia de que haya un cambio en la política de expedición de los documentos de identidad para los ciudadanos colombianos en suelo extranjero.

Pero lo anterior no es todo, porque a esto se suma una posible falta de recursos para otros ítems del convenio.

“La Procuraduría investigará también la presunta falta de di​sponibilidad presupuestal para otros ítems del convenio y posibles vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza", detalló el ente de control dirigido por Gregorio Eljach a través de un comunicado.

Además de la ministra Yolanda Villavicencio, la investigación cobija al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucia Ruiz Mora; y sus miembros de junta y delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; de las Culturas, Luis Alberto Sanabria, y del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio, y Ricardo Arque Benavides, su homólogo en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Unas horas antes en que la Procuraduría anunciara esta novedad, el Gobierno Nacional firmó un contrato con la empresa Thomas Greg & Sons por un valor de $161.290.792.640, que extiende la prestación del servicio hasta abril de 2026, antes en que empiece a regir el nuevo esquema que lo manejará la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal..

*Con información de Colprensa y redacción de El País