Procurador descarta declararse impedido en caso Odebrecht, tras haber trabajado con Grupo Aval

Procurador descarta declararse impedido en caso Odebrecht, tras haber trabajado con Grupo Aval

Noviembre 29, 2018 - 04:03 p.m. Por:
Colprensa
Fernando Carrillo

Fernando Carrillo, procurador general de la Nación.

Colprensa

El procurador general, Fernando Carrillo Flórez, explicó que la asesoría que brindó durante 2016, en la que desarrolló actividades de consultoría y donde tuvo un contrato laboral con Adminegocios & Cia S.C.A., firma del grupo Aval, no tenía ninguna relación con los hechos de corrupción que hoy en día investiga desde el ente de control que preside.

Carrillo Flórez explicó que se desempeñó como asesor con unas funciones expresas en materia de comercialización. Su labor consistía en conseguir cooperación para dos proyectos sociales de la organización, “uno, el hospital cancerológico que están construyendo, y el segundo, la construcción de un teatro de bellas artes que era otro proyecto social de la organización”.

“Jamás, jamás, jamás tuve conocimiento de hechos ni de contratos, ni emití conceptos jurídicos sobre los hechos de corrupción de la Ruta del Sol”, concluyó el Procurador.

En días pasados, Carrillo Flórez, emitió una carta en la que dejaba al descubierto la contratación que tuvo con la firma del grupo Aval. En el documento, también mencionó sus funciones y dejó claro que no tuvo relación alguna con las acciones de la firma brasilera Odebrecht.

Lea aquí: 'Procurador reconoce que trabajó con el Grupo Aval en el 2016'.

A su juicio, no fue necesario declararse impedido, precisamente porque no emitió ninguna serie de conceptos. Además de ello, consideró que las acciones de la Procuraduría en contra de la corrupción son la prueba fehaciente que ha atacado con contundencia ese flagelo.

Prueba de ello, a su juicio, son las múltiples investigaciones en contra de funcionarios públicos las que están en curso, al interior del Ministerio Público.

Las declaraciones las entregó al culminar la audiencia pública de desplazamiento forzado llevada a cabo en la Corte Constitucional.

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