Colombia
Presidente Gustavo Petro tiene 48 horas para responder tutela por llamar “antro de corrupción” a la política de sustitución de cultivos del gobierno Santos
Solo 48 horas es el tiempo que tiene Petro para responder la tutela.
El Consejo de Estado envió un oficio al presidente Gustavo Petro, en el que se le notificó que tiene 48 horas para que responda un derecho de petición presentado por los exministros Eduardo Díaz Uribe y Rafael Pardo Rueda.
Pardo fue el consejero para el postconflicto durante la administración Santos, mientras que Díaz fue el encargado de la Oficina de Sustitución de Cultivos Ilícitos, por lo que consideran que la afirmación de que ese programa fue un “antro de corrupción”, como lo dijo el presidente Petro, atenta contra su buen nombre.
Ambos exfuncionarios también solicitaron la retractación en medios de comunicación y artículos que publicaron en los mismos, pero el mandatario nunca dio respuesta a sus solicitudes. Teniendo en cuenta esto, en noviembre de 2023 radicaron una tutela para buscar la protección de sus derechos por vía judicial.
“Comoquiera que tanto la petición como las súplicas de amparo en la presente acción de tutela guardan estrecha relación, la Sala estima pertinente detener su estudio, en un primer momento, sobre la posible vulneración al derecho fundamental de petición y, en el evento en el que se dé una repuesta negativa a ese interrogante, sí entrar a analizar una eventual afectación de los derechos a la honra y el buen nombre”, se logra leer en la decisión.
Teniendo en cuenta esto, la Presidencia deberá decidir si accede a la solicitud de retractación y el presidente eche atrás sus palabras o, por el contrario, decida presentar pruebas que sustenten las afirmaciones, para que sea el juez el que decida si hubo o no la violación del derecho a la honra de los exfuncionarios.
Además, reprochó que pasaron cinco meses sin dar una respuesta, así como tampoco se manifestó la Presidencia durante el trámite de la tutela.
Finalmente, en su carta, Pardo y Díaz señalaron que durante su gestión cumplieron con las transferencias de un millón de pesos mensuales para 67.665 familias con las que se pactó la erradicación voluntaria. Esas ayudas fueron entregadas a través del Banco Agrario. “Nunca se pensó, siquiera, en contratar los servicios de operadores, fiducias o intermediarios”, señalaron.