Plan Nacional de Desarrollo tendrá un capítulo para población en discapacidad

El Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, que se presentará ante el Congreso de la República en febrero para su discusión y aprobación, tendrá un capítulo especial: planes interdisciplinarios que permitan mejorar las condiciones de las personas en condición de discapacidad en los próximos cuatro años.

Jairo Clopatofsky, alto Consejero para Participación de las Personas con Discapacidad, precisa que en el país hay cerca de siete millones de personas con algún tipo de discapacidad y que lo que busca es mejorar las condiciones de empleo, educación y tecnología para el acceso de esta población.

“Dentro de mi Alta Consejería estamos implementando toda una política de accesibilidad, talento, capacidad jurídica, todo el tema de vivienda, el empleo (que es uno de los pilares fundamentales) y lo que estoy haciendo es articular el presupuesto y una serie de normas que están dispersas”, agrega el funcionario.

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Hay programas que ya están listos a través de decretos como el que dice que este año se debe aumentar el porcentaje de personas con discapacidad en las entidades públicas.

Según este documento, de 1.200.000 empleados públicos que hay, tan solo 1900 son ocupados por personas con algún tipo de discapacidad. Lo que se busca es que este año esté por encima de los 12.000 funcionarios y para el año 2022, la meta es llegar aproximadamente a 60.000.

Y es que Clopatofsky asegura que las personas en estas condiciones son más vulnerables porque no tuvieron la posibilidad de acceder a la educación. “Cuando tú no accedes a ella, difícilmente tendrás un trabajo. El 80 % de esos 6 millones de discapacitados están viviendo en absoluta pobreza”, agrega.

Es decir, insiste, “los más pobres de los pobres están concentrados en esta población”.

Además, explica que también se busca desde los colegios reducir esa brecha de desigualdad, desarrollando la participación de la población con discapacidad porque se están articulando las políticas con todos los ministerios para la implementación de todos esos programas para que vayan en una sola dirección y se tenga mayor impacto.

Para desarrollar todas sus políticas, la Alta Consejería presenta tres lineamientos que están incluidos en el capítulo XIII: ‘Pacto por la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad’.

Desde la Alta Consejería para las Personas Discapacitadas se propuso cerrar la también la brecha que hay en el acceso de esta población a las viviendas con subsidio.

El consejero Jairo Clopatofsky informó que de las 200.000 viviendas que se tiene estimado entregar por parte del Gobierno Nacional en el territorio nacional, 20.000 tendrán el enfoque diferencial y se les van a entregar a personas que hagan parte de esta población. “Habrá un proceso de caracterización en donde habrá unas reglas de juego claras para que se comiencen a entregar”.

La meta es avanzar en la igualdad de oportunidades y esta línea del Plan de Desarrollo arranca por contar con acciones afirmativas que garanticen la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad.

Pese a que se ha reducido la brecha de desigualdad para esta población, la atención integral presenta retos acumulados en calidad, oportunidad, pertinencia y en el rediseño de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social.

Entre los objetivos está actualizar e implementar las acciones de la política pública para eliminar toda forma de discriminación, adoptar medidas para la garantía del pleno reconocimiento de los derechos y la capacidad jurídica de las personas en condición de discapacidad, disminuir los obstáculos para el ejercicio de esta capacidad y para el acceso a la justicia, que reciban asistencia jurídica con enfoque de género cuando haya la necesidad, implementar programas de educación inclusiva y mecanismos de inclusión productiva para la generación de ingresos y la seguridad económica y crear e implementar un Plan Nacional de accesibilidad asegurando el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidas las TIC.

La Alta Consejería para la Participación de las Personas en Discapacidad propone la creación de un Registro Social que integre la información de oferta (de las entidades que proveen programas o subsidios) y demanda (caracterización socioeconómica Sisbén IV) de oferta social y diseño de un módulo de focalización geográfica que provea información de pobreza y calidad de vida a distintas escalas geográficas que complemente la focalización a nivel individual.

En cuanto a políticas específicas, se plantea estructurar un Observatorio para la Inclusión Social y Productiva que permite focalizar y diseñar políticas en esta población y el diseño de indicadores para evaluar los sistemas de transporte público en términos de su impacto sobre la población de bajos ingresos.

Así, se busca acelerar la inclusión social digital, la promoción de acceso y uso de TIC para ciudadanos con discapacidad. Garantizar la reintegración y reincorporación integral y efectiva de las personas desmovilizadas en el tránsito a la vida civil.

En Colombia, la prestación de servicios de cuidado y trabajos en el hogar tiene un gran potencial económico, puesto que se calcula que su aporte al PIB fue del 20 % para 2017. Sin embargo, el cuidado no es reconocido de manera integral, por lo que sus trabajadores son en mayoría informales y no cuentan con condiciones óptimas de capacitación, remuneración o seguridad, y las personas sujetas de cuidado pueden no estar recibiendo un cuidado en las mejores condiciones.

En sus estudios, la Alta Consejería para las Personas en Discapacidad ha encontrado que el cuidado y las labores domésticas, en su mayoría no remuneradas, muestran una inequitativa división sexual del trabajo y casi la totalidad de los proveedores de este servicio son mujeres.

Por ello, para este caso, el objetivo es articular y coordinar los sistemas e instancias interinstitucionales que atiendan poblaciones sujetas de cuidado y de las personas cuidadoras. Así mismo, se deberá generar lineamientos de articulación de la oferta disponible a nivel territorial con las iniciativas comunitarias o de la sociedad civil.