Multas en conjuntos residenciales cambiarían con proyecto de ley: esto es lo que propone

Los propietarios de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal podrían enfrentar un nuevo panorama frente a las sanciones por no asistir a las asambleas generales. Un proyecto de ley que comenzó su trámite en el Congreso propone modificar varios apartados de la Ley 675 de 2001 para fortalecer las garantías de los copropietarios y establecer reglas más claras antes de imponer multas o cualquier otra medida disciplinaria.

La iniciativa, identificada como el proyecto de ley 031 de 2026, plantea que las administraciones de conjuntos residenciales y edificios no podrán aplicar sanciones de manera automática. En su lugar, deberán adelantar un procedimiento que respete el debido proceso, permitiendo que el propietario conozca las razones de la posible sanción y tenga la oportunidad de presentar sus descargos antes de que se adopte una decisión definitiva.

El articulado también busca establecer criterios para que las medidas económicas sean proporcionales y estén respaldadas por principios como la buena fe, la transparencia, la dignidad humana y el acceso oportuno a la información relacionada con la administración de la copropiedad.

Otro de los cambios propuestos está relacionado con las excusas por inasistencia a las asambleas. De aprobarse la reforma, los propietarios podrán informar previamente que no asistirán o presentar una justificación hasta cinco días hábiles después de realizada la reunión. Además, se contemplan circunstancias excepcionales que permitirían radicar la excusa fuera de ese plazo cuando existan motivos debidamente acreditados.

Entre las situaciones que serían aceptadas se encuentran problemas de salud, casos de fuerza mayor o caso fortuito, obligaciones laborales impostergables, el cuidado de familiares, calamidades domésticas, inconvenientes de conectividad durante reuniones virtuales o dificultades derivadas de la convocatoria de la asamblea.

La propuesta legislativa también incorpora disposiciones para actualizar la regulación de las asambleas virtuales y de los encuentros en modalidad mixta, mecanismos que han cobrado mayor relevancia en los últimos años. Con ello se pretende facilitar la participación de quienes, por razones laborales, de movilidad o responsabilidades familiares, no pueden asistir de manera presencial.

Asimismo, el proyecto busca otorgar mayor seguridad jurídica a las decisiones adoptadas en estas reuniones, disminuyendo los conflictos relacionados con la validez de las actas y los procedimientos utilizados por las administraciones.

Por ahora, la iniciativa continúa su curso en el Congreso de la República. En caso de superar los debates legislativos y obtener la sanción presidencial, los conjuntos residenciales deberán ajustar sus reglamentos y procedimientos internos para cumplir con las nuevas disposiciones, que priorizan el respeto por el debido proceso y amplían las garantías de los propietarios frente a eventuales sanciones.