El desgarrador caso de mujer vigilante que obligaron a no dejar su puesto de trabajo por más de un mes

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El desgarrador caso de mujer vigilante que obligaron a no dejar su puesto de trabajo por más de un mes

Mayo 08, 2020 - 10:52 a. m. Por:
Redacción de El País

Edy Fonseca, la mujer que denunció que no pudo salir de su trabajo por un mes durante la cuarentena.

Foto: Tomado de redes sociales

Una mujer de 52 años, identificada como Edy Fonseca, quien trabajaba como vigilante en un edificio residencial en el barrio Rosales, del norte de Bogotá, fue obligada a vivir durante un mes en su lugar de trabajo, según denunció la propia Fonseca el pasado miércoles.

La mujer dijo que fue obligada por sus jefes a estar en el edificio sin salir por un mes porque ellos argumentaban que esas eran las directrices del Gobierno Nacional.

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Fonseca, quien llevaba un año trabajando en el edificio, aqueja graves problemas de salud por el increíble hecho. 

Según Edy, el pasado miércoles 25 de marzo, tras finalizar su turno laboral, fue contactada por sus jefes a eso de las 11:00 de la mañana, para que retornara a su lugar de trabajo, argumentando  que uno de los compañeros se había ausentado por un problema personal.

La mujer denunció que en esa llamada le preguntaron si tenía un colchón inflable o algo similar, por lo que ella llevó un cubrelecho. Al regresar al edificio, sobre las 5:00 de la tarde de aquel 25 de marzo, el presidente del consejo de la unidad residencial le bajó un sofá para que durmiera en la recepción.

A Fonseca, el individuo le dijo que debía dormir ahí porque eran las ordenes presidenciales y que le daría 15 mil pesos para su alimentación diaria. El sitio en el que se quedó solo contaba con un baño, en el que no había agua, por lo que debía asearse con un balde.

Tras unos días, Fonseca pidió regresar a su casa para ver a su hija, pero su petición fue negada. . “Yo no entendía por qué no me dejaban ir a mi casa, si todo el día entraban y salían residentes y domiciliarios, entonces ¿yo por qué no podía salir?”, manifestó la trabajadora, quien soporta sus denuncias con conversaciones de Whatsapp.

Ni la muerte de un sobrino de Edy fue razón suficiente para que le dieran permiso para salir del edificio. Según la mujer, fue la única vigilante que trabajó en esas condiciones.

Las afectaciones de salud no se hicieron esperar y días después Fonseca vio impactada su estabilidad emocional. “Caí en depresión, me estresé, se me subió el azúcar. Yo les dije que estaba enferma, pero no hicieron nada. Una residente que es médico un día me vio mal, entonces me compró un suero y unas pastas. Eso me ayudó como por dos días".

El 23 de abril, casi un mes después de empezar a vivir en el edificio, Fonseca se sintió realmente enferma. La hija de un residente notó su estado y el padre de la misma decidió llamar a la línea de emergencias.

No era para menos, Fonseca entraba en un coma diabético, tenía el azúcar alto, parálisis facial y no podía respirar.  Ante esta situación, el presidente del consejo  del edifico decidió despedirla, argumentando que "los había metido en un problema".

Actualmente, Fonseca se recupera en su casa de todas las afectaciones de salud.

Nixon Forero, el abogado de la mujer, dijo que el hecho de que uno de los residentes haya llamado al 123 fue lo que "la salvó". Aseguró que  en este caso hay "lesiones personales porque ellos dieron pie a todo eso y también hubo coacción psicológica".

También criticó que solo le dieran 15 mil pesos para alimentarse, teniendo en cuenta que la zona en la que viven es estrato 6, por lo que el dinero es poco.

Forero agregó que “ellos estuvieron muy cerca del secuestro, pero eso lo tiene que definir un fiscal porque para eso no basta sino la retención de la persona y a ella la tenían retenida”.

Cabe resaltar que las personas que trabajan en seguridad están dentro de las excepciones que contempla el Gobierno Nacional durante el aislamiento preventivo obligatorio, por lo que la mujer sí estaba habilitada para regresar a su casa.

Forero sentenció que tramitaría una queja al Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Vigilancia, donde la unidad ya tiene una queja por irregularidades en la contratación de celadores y ahora podría pagar una multa hasta de $50 millones.

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