Marco legal para la paz, el as bajo la manga del presidente Santos

En caso que prosperen los acercamientos entre las Farc y el Gobierno de Colombia en Cuba, no se descarta que el grupo armado ilegal pueda colaborar en la elaboración de la ley ordinaria que reglamentará el acto legislativo de marco legal para la paz.

El acto legislativo de marco legal para la paz, que aprobó el Congreso de la República en la pasada legislatura y que ya fue sancionado por el presidente Juan Manuel Santos, sería el as bajo la manga que le permitirá prosperar en los acercamientos del Gobierno con las Farc para llegar a un diálogo de paz.Tras conocerse la noticia, a través de medios de comunicación y diversas fuentes, de un acercamiento entre ambas partes, que luego confirmó Santos, está claro que el marco legal para la paz sería la herramienta para establecer las reglas claras de juego. Esta reforma a la Constitución establece, por ejemplo, que no se beneficiarán de la justicia transicional quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad.Aunque el acto legislativo ya está aprobado y para que entre en operación sólo se necesita la ley ordinaria que lo regule, no se descarta que las Farc puedan contribuir a la elaboración de esa ley ordinaria a través de las conversaciones que estaría adelantando con el Gobierno.Sin embargo, está descartado que las Farc tengan algún tipo de vocería política durante el tránsito de la iniciativa en el Congreso de la República.Puntos claves del marco para la pazAunque la norma le da la posibilidad a los miembros del secretariado de las Farc tener vocería política, aclara que estos no tendrán elegibilidad si son responsables de delitos atroces y de lesa humanidad.La reforma constitucional otorgó elementos legales para "la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición" y solo será activado por el Presidente de la República.Otra de las reglas que fijó el marco para la paz es que una vez sea presentada la ley ordinaria por el Presidente de la República ante el Congreso, esta tendrá un periodo de caducidad de cuatro años. Lo anterior con el propósito que el proceso no se extienda interminablemente.La iniciativa estableció además garantías para que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Dice que por ley "se podrán establecer instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción, y se podrán crear mecanismos especiales de imputación" .Así mismo, determina que cualquier proceso sólo se iniciará con la liberación de todos los secuestrados y los menores reclutados ilegalmente. Establece además que la justicia transicional no cobijará a los grupos que no hagan parte del conflicto o los que vuelvan a delinquir.Luego de las diferencias, los ponentes y el Gobierno acordaron mantener la figura de los agentes del Estado, pero siempre que hayan cometido faltas en el marco del conflicto interno armado.Habrá, a través de una Ley estatutaria, un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.De la misma manera, se determina que al final del conflicto armado se podrá crear una comisión de la verdad. Una Ley estatutaria definirá su objeto, composición y funciones. Se faculta al Fiscal General de la Nación que haga una priorización de los delitos para investigar los que sean cometidos en contra de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y los demás, para los cuales podrá determinar la suspensión de la pena en casos específicos.