Ley de la JEP permite a exguerrilleros reincidir en narcotráfico, dice Fiscal

Luego de que se conociera que el Presidente Iván Duque está a punto de sancionar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, le hizo este lunes cuatro reparos a la misma.

De acuerdo con Martínez, el documento que fue estudiado por el Congreso de la República y la Corte Constitucional tiene puntos que a su juicio fomentan la impunidad.

El Fiscal envió una carta de nueve páginas al presidente de la República con sus críticas contra la ley, que se resumen en cuatro reparos:

- Los delitos de ejecución permanente, según el fiscal, seguirán sometidos a investigación de la JEP y eso permitiría que los desmovilizados no pierdan sus beneficios a pesar de que continúen cometiendo delitos como el narcotráfico.

- De acuerdo con el fiscal, la norma establece que la reincidencia se refiere solo a que los desmovilizados tomen de nuevo las armas y no que delincan. Eso, según Martínez, permite a los reinsertados que reincidan en delitos como secuestro y narcotráfico continuar con beneficios.

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- La norma también impide, según el fiscal, que la entidad a su cargo continúe adelantando investigaciones relacionados con el conflicto armado, mientras la JEP asuma el proceso.

- Y finalmente, también de acuerdo con Martínez, el texto aprobado por la Corte Constitucional permitiría que se le otorgara amnistía a los autores de crímenes de guerra.

Los cuatro temas, según el fiscal, fueron discutidos en el Congreso, pero fueron modificados en el texto final de la ley, que llegó a manos del Presidente para su firma.

“Le envié una carta al Presidente de la República exponiéndole estos temas. La Fiscalía considera que el debate a juicio de conveniencia de la Ley Estatutaria es necesario e imprescindible (…) la Fiscalía quiere poner esta información pública", dijo el Fiscal.

Una vez se conocieron las observaciones hechas por el Fiscal, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, a través de un comunicado informó que, “teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía jurídica que impone el Estado de derecho para los 9691 excombatientes de las Farc, 1958 miembros de la Fuerza Pública y 39 agentes del Estado, es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley”.

Voceros de la JEP aclararon que esta solicitud la realizó la justicia transicional desde el pasado 4 de febrero.

“La JEP seguirá actuando en el marco estricto de la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia”, señaló la publicación difundida en la tarde ayer.

“Venimos a cumplir con el compromiso que hemos hecho y es venir a decir la verdad”. Estas fueron las palabras del excombatiente de las Farc Pablo Catatumbo, quien llegó ayer a la JEP a rendir versión voluntaria en el denominado caso 001, relacionado con el delito de secuestro.

Catatumbo es el segundo compareciente por estos hechos a la JEP. El pasado jueves, el turno fue para ‘Timochenko’.

A juicio de la magistrada de la Sala de Reconocimiento y Revisión de la JEP, Julieta Lemaitre, Pablo Catatumbo y Londoño hacen parte de los 31 comparecientes que deben rendir su testimonio ante dicha entidad en el caso 001.