Levy Rincón se quedó sin esquema de seguridad de la UNP: el creador de contenido y activista cuestionó la decisión

El influenciador, periodista y creador de contenidos Levy Rincón informó que la Unidad Nacional de Protección, UNP, decidió suspender el esquema de seguridad que le había sido asignado, el cual estaba compuesto por dos escoltas y una camioneta convencional.

La notificación fue dada a conocer por el propio Rincón este sábado 12 de septiembre a través de sus redes sociales, donde expresó su rechazo a la medida.

De acuerdo con el creador de contenidos afín a la izquierda, el actual director de la entidad, Didier Blanco, ordenó que se llevara a cabo un estudio de riesgo “exprés”, a través del cual se concluyó que, al parecer, no requiere del esquema de seguridad.

Rincón, quien también tuvo un programa en Inravisión, cuestionó la determinación a través de un vídeo que compartió en las redes sociales.

Según dijo en su mensaje en redes sociales, su caso cuenta con un “estudio de riesgo que se me hizo hace dos meses y que me vienen haciendo hace 4 años, que determina riesgo extraordinario debido a las amenazas, atentados e intentos de asesinato tanto en Cali como en Bogotá”.

El creador de contenido señaló al director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, de haber emprendido una persecución en su contra, situación que presuntamente se presentó en 2020, cuando el uniformado ejercía como director de la Dirección de Inteligencia Policial.

Rincón aseguró que el nuevo líder de la institución habría tomado acciones en su contra debido a denuncias que hizo sobre la compra de un software que, al parecer, habría sido utilizado para hacer interceptaciones ilegales a la oposición.

En sus cuestionamientos, insistió en que tiene “amenazas, atentados e intentos de asesinato contra su vida tanto en Cali como en Bogotá”, y no ocultó su molestia ante la decisión.

El creador de contenido señaló al director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, de haber emprendido una persecución en su contra, situación que presuntamente se presentó en 2020, cuando el uniformado ejercía como director de la Dirección de Inteligencia Policial.

Rincón aseguró que el nuevo líder de la institución habría tomado acciones en su contra debido a denuncias que hizo sobre la compra de un software que, al parecer, habría sido utilizado para hacer interceptaciones ilegales a la oposición.

Rincón repartió insultos al director de la UNP, Didier Blanco; al director de la Policía Nacional, Jesús Barrera, y al presidente Abelardo de la Espriella.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella había confirmado desde finales de agosto que se iba a poner en orden la asignación de los esquemas de seguridad en el país, revisando con lupa cada una de las decisiones que tomó la administración de Gustavo Petro. La orden del presidente es proteger solo a quienes necesitan y están en riesgo, todo dentro de la Constitución y la ley.

Esta medida responde a las directrices fijadas por la administración del presidente De la Espriella, quien ordenó una exhaustiva auditoría sobre los esquemas de protección aprobados por la UNP durante el mandato anterior, en cabeza del exdirector Augusto Rodríguez.

Bajo la dirección de Didier Blanco, la entidad ha venido implementando una depuración basada en análisis técnicos de riesgo, buscando optimizar los vehículos y el personal de escoltas hacia personas con amenazas inminentes verificadas y debidamente justificadas.

La entidad continuará con el análisis de las medidas de protección que se encuentran vigentes, mientras define cuáles personas requieren mantener un esquema de seguridad de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes.

El caso de Rincón se suma a otros que ya han sido resueltos en el mismo sentido.

Entre ellos está el de Juliana Guerrero, a quien la entidad le retiró las medidas de protección. También se conoció la decisión sobre el youtuber Beto Coral, quien había contado con un esquema de seguridad asignado durante la anterior administración, y también para Gabriela Muñoz, quien también tenía equipo de escoltas.

Fuentes del Gobierno Nacional le confirmaron a varios medios de comunicación del país que la UNP revisó las condiciones de riesgo de estas personas y no encontró motivos suficientes para mantenerles los esquemas, que le costaban al país alrededor de 40 millones de pesos mensuales.

Adicionalmente, se conoció que el lunes 14 de septiembre la UNP determinaría qué esquemas de seguridad mantendrá y comenzará a retirar los que considere innecesarios. Entre las personas que podrían quedarse sin protección figuran el exministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea y varias exministras de la administración Petro.