¿Le llegó al país la hora de una nueva constituyente?

Decisión de revivir la Comisión de Acusaciones atizó el debate sobre si es conveniente modificar la Carta por esa vía. Pros y contras.

Al igual que a  comienzos de la década del 90, muchos colombianos se están preguntando si la Constituyente es el camino para solucionar varios de los problemas que aquejan al país.

Una iniciativa que tomó  fuerza desde el jueves pasado, cuando -en opinión de muchos- la Corte Constitucional cerró la posibilidad de que desde el Congreso de la República se modifique el sistema judicial colombiano, al ‘tumbar’ más artículos de la Reforma de Equilibrio de Poderes.

Específicamente con respecto al propósito de despolitizar la justicia, que era uno de los objetivos de los cambios planteados desde el Legislativo, para el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar no hay otra opción que recurrir a ese mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Carta Magna.

“Si se pretende una verdadera reforma de la justicia, sería necesaria   una Asamblea Nacional Constituyente, porque habría que empezar por cambiar el sistema de elección de los  magistrados, del Fiscal General, del  Procurador y del Contralor”, dice Bernal Cuéllar.

Y agrega que “la experiencia nos indica que el sistema que está operando politizó la justicia, por la sencilla razón de que los partidos políticos  están reclamando que les permita tener toda la influencia  en esos nombramientos”.

A su vez, Sebastián Lalinde, investigador de Dejusticia, sostiene que la “muy desafortunada” decisión de la Corte no dejó otra opción, lo cual le resulta “muy peligroso”, ya que si bien la propia Constitución dispone que se le pueden hacer modificaciones vía constituyente en temas puntuales -como la justicia-, esa facultad no anula el carácter soberano de la misma.

“Lo que ha demostrado la experiencia es que, una vez se posesionan, estas asambleas, como son constituyente primario,  se declaran soberanos y en esa medida terminan modificando muchas más cosas de aquellas para las que fueron convocadas”, explica el experto para quien la Constitución del 91 avanzó en temas muy importantes y sería peligroso abrir “una caja de pandora” que podría permitir incluso “tomar medidas regresivas”.

Con ese mismo argumento la magistrada del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, se muestra abiertamente contraria a la opción de recurrir al mencionado mecanismo de participación ciudadana.

“No soy partidaria de ella porque considero que uno puede saber como empieza una constituyente pero no cómo termina. En un momento dado puede prestarse para introducir una serie de cambios e incluso hacer una nueva Constitución, lo que va en contra  de la necesaria estabilidad constitucional que debe existir en el país”, manifiesta quien integra la Sala Primera del alto tribunal.

Abanderados de la causa

En la otra orilla de pensamiento están los senadores Horacio Serpa (liberal) y Armando Benedetti (de la U), quienes desde  antes de conocerse las últimas decisiones tomadas por la Corte Constitucional con respecto a la Reforma de Equilibrio de Poderes ya venían impulsando esta iniciativa.

“No hay necesidad de cambiar la estructura fundamental de 1991, como aceptar que Colombia es un Estado Social de Derecho”, dijo Serpa con ocasión de los 25 años de la Constitución, pero que sí es necesario recurrir a una constituyente “para superar el  problema más grave del país, que es  la inequidad”.

“Debemos hacer reformas de justicia, de la política, también una reforma electoral y territorial, además de la económica, hacer una revisión exhausta de esta última, ya que sin duda uno de los problemas del país es la desigualdad”, dijo a RCN Radio.

A su vez, Benedetti se ufana de decir que fue el primero que habló de la necesidad de convocar la Constituyente -cuando se estaba discutiendo el tema del plebiscito como método de refrendación de los acuerdos con las Farc-, pero aclara que “no sería para arreglar los entuertos de la paz, sino para sentar las bases de un nuevo país”.

En su opinión, la Constitución del 91 fue un avance “sobre todo en el tema de las libertades individuales, de ser laica, de mecanismos de participación, y yo creo que esos principios no se van a tocar, es al contrario, el desarrollo de la Constitución fue  el que quedó mal y yo creo que se pueden poner las claves en una nueva asamblea constituyente”.

Según él, mediante este mecanismo se podría acceder a un país “menos desigual, menos excluyente, sin segregaciones, con empleo, que todos reciban educación, sean pilos o no; un país en que los impuestos atiendan la renta de quienes los pagan y sin itinerarios de muertes en las salas de emergencia de nuestros hospitales”.

 El senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, también  ha planteado la necesidad de recurrir a este mecanismo para ‘mejorar’ la Carta Política -pero  no para cambiarla totalmente- aprovechando que “ya en la Constitución se permiten las constituyentes con temarios limitados”.

Para él, precisamente el tema judicial es uno de los que amerita el uso de este instrumento, pero no el de la reforma política: “Si usted conforma una asamblea constituyente por voto popular, ¿quién va a ganarla?, pues la mermelada y esta no se va a autorreformar o a modificar. No veo condiciones específicas para que una constituyente en el tema electoral y de partidos produzca resultados en la dirección correcta”, le dijo recienmente  a Colprensa.

Después de la paz

Aunque no da una fecha precisa, el senador Benedetti tiene claro que la convocatoria a la constituyente se debe dar “al final del túnel”, es decir, “cuando se haya firmado la paz, se hayan dejado las armas, se haya votado el plebiscito, el Congreso haya hecho todas las leyes para implementar la paz vía ‘fast track’, y el Presidente haya terminado sus facultades”.

Con él coincide Horacio Serpa, quien se ha referido específicamente al año 2019 para ese propósito: “Creo que es necesario que, después de la firma de la paz y de que aprobemos el plebiscito, se haga una constituyente, pero no para modificar los acuerdos con la guerrilla, porque ellos tendrán el imprimatum de la conciencia popular”, sino para “actualizar” la Constitución.

Por el contrario, el exprocurador Bernal Cuéllar plantea que si la convocatoria a la asamblea “se va a unir a algunos cambios por razón de los acuerdos de La Habana, tendría que buscarse la oportunidad para que se contemple la reforma a la justicia en desarrollo a esos acuerdos”.

También sobre los tiempos, el  experto de Dejusticia anota que le parece “inconveniente” hablar del tema justo cuando “las Farc se bajaron de  su pretensión de la Constituyente y aceptaron el mecanismo de refrendación que  la Corte decida, porque les pueden dar un argumento para volverse a montar en ese bus, lo que sería un paso atrás en lo avanzado frente al plebiscito”.

Y aunque esto sería poco probable, dado que la guerrilla ya asumió un compromiso al respecto, lo cierto es que la posibilidad de que la recién festejada Constitución del 91 sea modificada mediante una Asamblea Constituyente está más cerca de lo que muchos piensan.

Qué hacer con la justicia

Para la magistrada del Consejo de Estado María Claudia Rojas, el problema de la Reforma de Equilibrio de Poderes “es que fue una reforma constitucional no concertada con la justicia.

“Las altas cortes no tuvieron una oportunidad real de intervenir y la justicia es la que sabe  cuáles son los puntos débiles que hay que modificar”, y agregó que en el  interior de las mismas hay incluso  “un consenso para  preparar un proyecto legislativo en el que se introduzcan profundas reformas que mejoren la administración de justicia pensando en el ciudadano común y corriente”.

Según ella, “la justicia está dispuesta a que se introduzcan  correctivos para que haya una real investigación en el caso de faltas de jueces y magistrados” y sostuvo que “no se puede decir que los magistrados no tenemos quién nos juzgue ni quién nos investigue”, ya que para eso existe la Comisión de Acusaciones. “Que no haya sido efectiva, es otra cosa”, dice.

Sin embargo, el investigador de Dejusticia, Sebastián Lalinde, difiere de la magistrada al afirmar que con los dos fallos que la Corte Constitucional ha proferido sobre el Equilibrio de Poderes “cerró definitivamente” la posibilidad de que el sistema de justicia sea modificado mediante un acto legislativo.

“Dado que la Corte encontró que se sustituyó la  Constitución y que el Congreso no es competente para hacer ese tipo de reformas, entonces el único camino que quedaría es el de la Asamblea Nacional Constituyente o eventualmente un referendo, pero este también tiene que pasar por el Congreso y yo no creo que este se le vuelva a medir a eso”, explicó el jurista.

Por su parte, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar considera que “en cuanto a la justicia, no me queda duda de que sí es necesario una Asamblea Nacional Constituyente si se quiere hacer un cambio estructural”.

Para él, esto implicaría modificar  el sistema de elección de funcionarios y reducir las funciones de las cortes judiciales, como en lo concerniente a nombramientos, “que fue lo que permitió que se introdujera la política tanto en las altas cortes, como en la Fiscalía General y la Procuraduría”.