La pobreza oculta que disparó el terremoto: casi 30.000 familias reportaron sus daños con retraso y aún hay quienes no piden ayuda

El balance oficial de la emergencia tras el terremoto aumentó 81,8 % en menos de dos semanas: pasó de 123.789 familias afectadas el 18 de agosto a 225.024 en el reporte de la UNGRD con corte al 31 de agosto, el último disponible al 1 de septiembre.

Veintidós días después del sismo, lo que continúa creciendo no es el desastre, sino su dimensión documentada, mientras las autoridades verifican y consolidan los reportes enviados desde los municipios más golpeados.

Sin embargo, ese balance no permite saber cuántas familias permanecen por fuera del registro. La UNGRD contabiliza 235.975 viviendas dañadas —198.720 averiadas y 37.255 destruidas—, pero esa cifra no puede compararse de manera directa con la de hogares afectados.

Eso sí muestra la amplitud del impacto: en Cali, Pereira y Manizales también resultaron dañadas casas y apartamentos de familias que, hasta el 10 de agosto, tenían ingresos suficientes para vivir sin mayores afugias. Entre ellas puede haber personas que perdieron repentinamente su vivienda o su negocio y que minimizan el daño, no han pedido subsidios o no se reconocen como damnificadas. Las cifras oficiales aún no permiten establecer cuántas están en esa situación.

Este fenómeno tiene nombre y se conoce mejor como pobreza oculta. De hecho, un análisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, advierte que el terremoto aceleró este fenómeno en poco más de tres semanas e invirtió su mecanismo: esta vez no cayó primero el ingreso, sino que se perdió o se dañó el activo que sostenía a la familia. La deuda, en cambio, sigue corriendo.

“No es orgullo ni terquedad. Puede tratarse de una defensa de su identidad”, explica Javier Aceros, docente de esa facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá y autor del análisis. “La persona no niega que perdió su hogar o su negocio. Niega que ahora pertenece a un grupo vulnerable de los que reciben ayudas estatales. Aceptar la ayuda equivale a aceptar una etiqueta nueva sobre quién es”, agrega.

Ese perfil explica la aceleración de una nueva realidad: el sismo golpeó viviendas urbanas en altura, con crédito hipotecario, en el Valle y el Eje Cafetero, con un costo de reconstrucción estimado por el Gobierno en más de 30 billones de pesos. Buena parte de esos hogares nunca estuvo del lado de quien pide y no tiene un guion para hacerlo.

“Hay gente peor que yo” es una de las frases que el análisis señala como alerta. “Suena a solidaridad, pero puede funcionar como un permiso para no actuar ni aceptar la ayuda disponible”, dice Aceros. “La persona se compara hacia abajo, concluye que su caso no es tan grave y se descarta sola antes de que la descarte el sistema. Además, el desarraigo generado y la urgencia de recibir apoyo y resguardo por parte de familiares y amigos puede vincular una autopercepción de carga y problema para estas personas”.

Según el docente, existen tres perfiles de pobreza oculta tras el terremoto: la familia de clase media con hipoteca que no quiere hacer fila; quien ya vivía en dificultades y teme que lo señalen de aprovechado; y quien perdió el negocio, no la casa, y siente que no encaja en la definición de damnificado.

Las señales son concretas: la persona minimiza los daños, cambia de tema, rechaza donaciones, no deja entrar visitas y se endeuda en silencio con tarjetas o préstamos informales para cubrir el arriendo.

“El costo no es solo emocional. Es económico y se asume durante años”, advierte Aceros. “Por ejemplo una familia que le pide plata a un prestamista para no pedirle un subsidio al Estado puede terminar peor que el día del sismo”.

Septiembre: el mes que importa

Vivienda Milagro tiene tres fases: atención a la emergencia hasta el 30 de septiembre; mejoramiento, arriendos y primeros subsidios entre octubre de 2026 y marzo de 2027; y la reconstrucción, de dos a cuatro años. En las tres etapas el requisito es estar inscrito en el Registro Único de Damnificados, cuyo plazo extraordinario vence ahora el 4 de septiembre en los municipios donde la reapertura sigue habilitada.

Hay un detalle que cambia el cálculo: el Gobierno ya fijó apoyos por territorio. En Chocó son 875.452 pesos mensuales durante tres meses y en Risaralda, 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses, con posibilidad de prórroga. Quien no reporta achica la bolsa de todos.

El registro no se hace por internet. El primer paso es reportar el daño ante Bomberos o la oficina de Gestión del Riesgo del municipio para que programen la visita técnica; solo después de esa certificación queda la familia inscrita. El trámite es gratuito y cualquier cobro es un fraude.

Aceros sugiere pasar del discurso a lo concreto. “Ofrézcase a llamar con la persona a las entidades encargadas del registro y apoyo como por ejemplo el cuerpo de Bomberos para pedir la visita”, dice. “Y evite frases como no es para tanto o peor están otros: confirman lo que ya se está diciendo y pensando sobre sí misma”.

También insiste en algo práctico: “Inscribirse para recibir apoyo no le quita el cupo a nadie. El censo no reparte un beneficio de manera directa: documenta un daño para que el país sepa cuánto hay que reconstruir. Lamentablemente quien no aparece en ese papel no existe para la reconstrucción”.