La carrera contra reloj que viven las cárceles de Colombia debido a la emergencia por coronavirus

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La carrera contra reloj que viven las cárceles de Colombia debido a la emergencia por coronavirus

Abril 05, 2020 - 08:00 a. m. Por:
Geovanny Gutiérrez / El País

En Colombia hay 123.434 presos, pero solo disponibilidad de 80.373 cupos. El hacinamiento carcelario en el país es del 53,58 %, según datos del mismo Inpec.

Archivo El País

En una carrera contra el reloj se encuentra el Gobierno y los centros penitenciarios del país, debido a la emergencia carcelaria que hay desde hace varios años por el tema del hacinamiento, problemática que cobró vida el pasado 21 de marzo cuando en un motín en La Modelo de Bogotá fallecieron 23 reclusos y 83 resultaron heridos, hecho que se dio por el temor que sienten los presos por la llegada del Covid-19 a las prisiones.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, desde hace cuatro semanas tomó la primera acción preventiva para evitar la propagación del virus, medida que consistió en aislar a los reclusos de sus familiares, situación que tiene muy preocupados a los penalistas, pues dentro de las cárceles actualmente no hay protocolos para evitar la pandemia.

“Son paños de agua tibia, pues es solo cuestión de tiempo para que las cárceles colapsen con el virus, sino se toman acciones acertadas”, expresó Brenda Acosta, abogada penalista.

En esta medida, Acosta argumentó que el mayor desafío que tiene el Gobierno Nacional es expedir un decreto que beneficie a quienes tienen el derecho de casa por cárcel, pues según dice la abogada, hay gran cantidad de privados que tienen sus tres quintas partes y pueden tener este beneficio.

“En las cárceles tenemos el 300% de hacinamiento y en las estaciones de Policía el 132%. El Gobierno afirma que hasta le momento no tienen infectados, pero el mayor temor que tiene es ser catalogado como generador de impunidad. Además, es claro y no se puede negar que el Gobierno Nacional ha sido crítico de la Jurisdicción Especial de Paz, donde ha dicho que la JEP genera impunidad por su tendencia a dejar a las personas libres”, afirmó la penalista.

A su vez, Esmeralda Echeverry, directora de la Fundación Internacional Cárceles al Desnudo, acotó que “nosotros somo una sociedad carcelaria, entonces consideramos que toda persona que infringe la ley debe ser castigada con cárcel. El Gobierno puede que tenga miedo a que se genere un lenguaje de impunidad y la sociedad no lo acepte. Pero además porque el país ha estado a la expectativa del anuncio de un decreto, donde se dice que supuestamente saldrían entre 10.850 presos o más, afirmación que es falsa”.

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La abogada Acosta argumentó que “uno de los mayores inconvenientes que han tenido los subrogados es que el Legislador y también en la Jurisprudencia han sido restrictivos con los derechos de los condenados, entonces encontramos en las cárceles y en los centros de reclusión militares a personas que ya tienen sus tres quintas partes y que tienen derecho a la libertad provisional. Entonces los jueces han hecho una nueva calificación sobre la conducta, el juez de conocimiento que condena hace una calificación y el juez de ejecución de penas hace otra, dilatando los derechos al beneficiado y haciendo que la persona de algún modo paguen completamente sus condenas y los subrogados que salen son muy pocos".

Es por ello que varios penalistas y fundaciones que velan por los derechos de los internos han solicitado al Gobierno por seguridad de los reclusos, de los guardianes y de los administrativos que a estás personas se les otorguen estos beneficios para poder descongestionar el sistema penitenciario, pero esta excarcelación no debe de ser transitoria expresó Acosta.

“El Gobierno dice que en tres meses deben volver a la cárcel, por lo que se prevé que va a haber muchos fugados, la gente no va a querer volver a las mismas condiciones. Hay varias formas de privar a las personas de la libertad, como por ejemplo el brazalete o la presentación constante a las estaciones, el Código da opciones”, dijo.

En medio de todas estas solicitudes, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, le envió una carta a la ministra de justicia, Margarita Cabello, donde se le solicita “coordinar acciones inmediatas para evitar la expansión del coronavirus en las cárceles, que puede poner en riesgo la salud de más de 123.400 reclusos”.

El documento también argumentó que “la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, debe disponer en todos los establecimientos carcelarios del país de personal médico y los elementos de protección necesarios para los guardianes y a las personas privadas de la libertad”.

Y en medio de la carrera que el Estado tiene para evitar que el virus llegue a las cárceles, se filtró en redes un borrador de lo que sería el decreto.

“Con este borrador las únicas personas beneficiadas serían las personas que han sido condenadas por alimentos, y otras excepciones que son mínimas, son más o menos unos 300 privados de la libertada que se beneficiarán a nivel nacional. Otra de las falencias del borrador es que se excluye a las personas condenadas por concierto para delinquir, siendo este uno de los mayores delitos que hay en las cárceles”, según Echeverry.

La líder cree que el borrador debe ser reconstruido para beneficiar más a la población carcelaria.

A lo que Acosta sumó: “el decreto no va a ayudar a descongestionar el sistema. Se necesita que salgan las personas más vulnerables al virus, como son los mayores de 70 años, las mujeres embarazadas, lactantes, con bebés; las personas inmunodeprimidas con VIH, cáncer, diabetes e hipertensos”.

“A esto también se le debe sumar las personas que tienen las tres quintas partes de la condena, que ya tienen el derecho; los delitos menores a 8 años se les debe de dar una domiciliaria, las personas que tienen una medida preventiva y que llevan años esperando un juicio, ellos también deben de tener este beneficio”, agregó.

Dado a esta situación y a varias solicitudes que Colombia y Argentina han realizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, el órgano se pronunció y urgió adoptar medidas para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad.

Entre las medidas que dice el Cidh se destacan la revisión de casos de prisión preventiva, la adopción de la prisión domiciliaria para personas mayores y mujeres embarazadas y la progresión al régimen abierto para aquellas personas que se encontraban cerca de recibir el beneficio legal.
A su vez, la Comisión valora las iniciativas de Colombia para contener el avance de la pandemia en los establecimientos penales, en particular las políticas adoptadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Para Echeverry, la solución de momento es que el Gobierno y el Ministerio de Justicia se reúnan con conocedores del tema. “La Universidad de los Andes tiene un grupo que conoce detalladamente el diario vivir de las cárceles y saben qué necesidades tienen y ellos pueden aportar un gran conocimiento de cómo se debería abordar el decreto”, concluyó.

¿Cómo se ejecutaría el decreto?

Sería de inmediato porque el país se encuentra en una emergencia, “pero eso nos lleva a replantearnos, ¿cómo van a hacer los jueces de la República si en su gran mayoría están trabajando a través de audiencias virtualmente? ¿los jueces cómo van a hacer para evacuar a esta gran cantidad de gente si debe ser de inmediato?”, expresó la directora de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo, Esmeralda Echeverry.

Otro de los inconvenientes, según la líder, es que los jueces para dar un beneficio requieren la documentación de cada interno, documentos que deben ser enviados por el Inpec, entonces también depende de la celeridad de estos; pero ¿cómo va a hacer para agilizar esta documentación?, si actualmente en una cárcel hay 2000 internos y trabajando solo hay dos abogados.

En la aplicabilidad, el Estado se va a ver enfrentado al no tener las herramientas para que los mecanismos virtuales funcionen, a esto se suma el proceso de transporte, pues muchos de los presos no pagaran su condena en la ciudad donde están las cárceles, entonces estos deben ser trasladados, pero no hay vehículos, no hay gasolina, añadió. Sin embargo, el Gobierno dijo que se apoyará de la Policía y el Ejército y el CTI.

Asimismo, como medida de control, el Procurador pidió que se constituya un comité de seguimiento a las medidas de detención domiciliaria, en el que tengan asiento los jueces, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Policía Nacional y Medicina Legal, para que allí se coordine la articulación interinstitucional y se prioricen los casos.

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