Imputado exsecretario general de la Cancillería por presuntas irregularidades con el contrato de pasaportes

La Fiscalía General de la Nación informó a través de su oficina de comunicaciones que imputó a José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería colombiana, por los presuntos delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público por presuntas irregularidades en la adjudicación de la licitación de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.

Según la entidad, el exfuncionario se habría extralimitado en sus funciones al adjudicar el contrato para la expedición de los pasaportes, luego de que el excanciller Álvaro Leyva ya había declarado desierta la licitación, por un valor de $559.000 millones.

Salazar, por su propia cuenta, revocó la declaratoria de desierta que había adoptado Leyva y adjudicó el contrato a la firma Thomas Greg & Sons, lo que llevó a que fuera declarado insubsistente por el presidente, que lo acusó de traicionar a su Gobierno.

El entonces secretario emitió las resoluciones 1394, 1395 y 1396 del 26 de febrero de 2024, por medio de las cuales revocó el acto administrativo que declaró desierta la licitación y negó el recurso de reposición interpuesto por el postulante que buscaba quedarse con el contrato, y dio por terminada anticipadamente la urgencia manifiesta que suspendió el proceso contractual. De esta manera, dio vía libre a la adjudicación del contrato al único proponente.

Según la Fiscalía, en ese momento Salazar solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional, por lo cual no tenía atribuciones para reabrir o adjudicar procesos contractuales que ya estaban cerrados.

La entidad también tiene información de que en el periodo en que fue secretario general del Ministerio, entre el 18 de agosto de 2022 y 26 de febrero de 2024, Salazar adquirió un predio rural en Puerto López (Meta), por valor de 950 millones de pesos, sin tener una justificación financiera.

“No se advierten transferencias o créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que soporten la compra de los inmuebles”, concluye el documento de la Fiusc.

Tampoco se encontraron transferencias, créditos o soportes bancarios o patrimoniales que soportaran la compra de los inmuebles.

Ya la Procuraduría General de la Nación había presentado una demanda de nulidad del convenio internacional para la fabricación de pasaportes firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal por presuntas irregularidades.

De acuerdo con el Ministerio Público, el contrato interadministrativo, publicado en el SECOP el 29 de enero de 2026, “no cuenta con fecha de inicio, pero sí de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, al igual que la gran cantidad de recursos comprometidos, ya que asciende a $185.374.493.464″.

De igual manera, llamó la atención de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública el contrato interadministrativo CI-005-2026, el cuarto instrumento jurídico entre las dos entidades con el mismo objeto contractual.

Al que se suman los convenios No. 007 de 2025, No. 001 del 18 de julio de 2025 y el suscrito con persona extranjera para la cooperación y transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de los pasaportes.