Guardias del Inpec han sido víctimas de 23 atentados en 2025; conozca el drama de estos funcionarios

La imagen de un dragoneante del Inpec huyendo de su asesino por las calles de Cartagena, el cuerpo sin vida de otro de estos funcionarios al interior de su carro en Cali, y el atentado mientras salía de su turno de otro más en Palmira, son la fiel representación de la zozobra y la escalada de violencia en contra de estos trabajadores en Colombia, que ya deja ocho víctimas fatales en lo corrido de este año.

El actuar es el mismo: sorprender a los integrantes del Inpec en sus momentos de indefensión. Por ello, ahora se podría casi que decir que los presos son ellos, debido a que muchos sienten temor de salir de sus hogares.

“No podemos llevar una vida normal de ir a la tienda, ya los funcionarios no se reúnen para hacer deporte. Hoy en día nuestras familias viven el flagelo y el impacto psicológico de esta situación, porque en últimas le transmitimos ese miedo a ellos”, expresó a El País Ever Gómez, vicepresidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup).

El temor no es para menos. Según cifras del Inpec, en lo corrido de 2025 se han contabilizado 23 atentados en contra de estos funcionarios y 8 asesinatos.

“En 2024 tuvimos diez homicidios, pero lo que llama la atención es que este año en diez días fueron cuatro funcionarios asesinados y cinco funcionarios heridos. Eso es lo que nos planteó este año en términos de aumento”, informó el coronel Daniel Gutiérrez, director general del Inpec, en conversación con El País.

Los territorios en los que más se han presentado estos casos son Valle del Cauca, Bogotá, Cartagena, Antioquia y Cúcuta.

El panorama es más crítico al pensar que desde el 2022 han sido asesinados 35 integrantes del Inpec, de los cuales 18 (más de la mitad) corresponden a casos entre el 2024 y 2025.

Solamente para nombrar los casos de los últimos 10 días, se reportó un atentado en Bogotá en donde hubo un muerto y tres heridos; otro en Palmira con un muerto y un herido; en Cali se registró un occiso; en Cartagena se hirió a un dragoneante; nuevamente en Cali se asesinó a un médico de un penal; y, por último, se tuvo un atentado contra un carro del Inpec en Armenia, pero aquí no hubo víctimas.

¿Quiénes están detrás?

El coronel Gutiérrez comentó que, aunque hay muchas hipótesis, hasta el momento no se tiene un nombre específico de un personaje o grupo delincuencial que sea el responsable de estos atentados. Aunque sí se confirmó (por investigaciones de las autoridades como Fiscalía) que responde a acciones de crimen organizado.

“Lo que tenemos como hipótesis general es que se debe a la cantidad de operativos, hemos hecho más o menos unos 18.600 y más de 300 traslados de internos por orden penitenciario. Esa puede ser una de las razones que afectan a las estructuras criminales que delinquen desde las cárceles”, argumentó Gutiérrez.

Aunque el director del Inpec manifestó que no hay un responsable confirmado, uno de los nombres que surge al pensar en estos actos delictivos es el de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien actualmente está recluido en la cárcel de la Tramacúa, en Valledupar.

La vinculación de este delincuente a los atentados de 2025 se debe a su presunta participación en varios casos de asesinato e intento de asesinato en 2024 en contra funcionarios del Inpec, los cuales eran amenazados por medio de un panfleto llamado Mago (Muerte a los Guardianes Opresores).

Sin embargo, desde el Inpec indicaron que en los casos de 2025 no se ha identificado que este panfleto esté circulando, al menos en los penales del Valle del Cauca.

No obstante, las versiones de las autoridades parece que van en vías contrarias, pues la Policía Metropolitana de Cali sí vincula a ‘Pipe Tuluá’ (y otros delincuentes) con los recientes atentados.

“Están asociados con la vigencia 2020 cuando delincuentes conocidos como ‘Pipe Tuluá’, ‘Dimax’ y ‘Chinga Pipe’ estaban privados de la libertad y empezaron a amenazar a guardianes del Inpec”, precisó el general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, al hablar del reciente asesinato de Jimmy Flórez Salazar (funcionario del Inpec).

De hecho, ‘Pipe Tuluá’ envió una comunicación al presidente de la República, Gustavo Petro, indicando que desea ser mediador en esta oleada de violencia para permitir que cesen los asesinatos de los funcionarios del Inpec (ver subnota).

Medidas anunciadas generan controversia

Daniel Gutiérrez, director del Inpec, le informó a El País que como medidas preventivas se restringieron las visitas en las cárceles, a la par de que se está gestionando un convenio con la Industria Militar de Colombia, Indumil, para facilitar el acceso a armas a los funcionarios del Inpec.

Además, se está permitiendo que en algunos penales se trabaje 24 horas y se descanse 48 horas, para que así el personal tenga que trasladarse menos.

Aunque todas estas acciones son pensadas en pro de la seguridad de los funcionarios, algunos de ellos opinan que son insuficientes.

“El convenio con Indumil es una medida paupérrima que ha adoptado la Dirección General. Nos enviaron unos enlaces en donde las tarifas van desde los $5.600.000 en adelante, y eso tendría que salir de nuestro bolsillo. Además, eso no garantiza la seguridad de los funcionarios”, opinó Ever Gómez.

El líder sindical también precisó que actualmente el Inpec está en la era prehistórica y que incluso los criminales ya los superaron en tecnología. Por ejemplo, los funcionarios deben movilizarse en camionetas que no son blindadas, por lo que quedan desprotegidos ante un posible ataque de grupos criminales.

A manera de respuesta, el coronel Gutiérrez precisó que el Inpec nunca ha tenido camionetas blindadas, pero argumentó que este año se espera poder adquirir al menos cinco de estos vehículos que serán destinados a las fuerzas especiales de esta entidad.

A la par, comentó que todas las medidas se realizan pensando en la seguridad de los funcionarios, pero que siempre harán falta más.

“El problema del Inpec es también estructural, es un tema que lleva más de 30 años en términos financieros. Por ejemplo, en términos de infraestructura tenemos 100 cárceles que tienen 200 años de haber sido construidas y nos hace falta una gran cantidad de personal. Lo que hay que hacer es buscar trabajar de forma conjunta para buscar soluciones, pero lo estructural no se puede solucionar de manera inmediata”, explicó el director del Inpec.

Por otra parte, reveló que se tiene pensado adquirir cerca de 500 chalecos antibalas para proteger a los funcionarios del Inpec y recordó que la Policía y la Fiscalía crearon un grupo especial para realizar las investigaciones de los casos en los que algunos dragoneantes han resultado heridos o muertos.

Por su parte, Ever Gómez recalcó que las medidas de respuesta del Inpec en la actualidad representan un 20 % de lo que se necesita, por lo que hay un 80 % que todavía debe ser solucionado. Ya que, desde su opinión, no se está previniendo, sino que se está respondiendo cuando ya ocurren hechos para lamentar.

“Estamos solicitando que existan anillos de seguridad por la Policía y el Ejército de forma constante, o que incluso existan CAI móviles al lado de establecimientos carcelarios, y sin duda necesitamos los carros blindados”, indicó.

Pipe Tuluá se ofrece como mediador para el cese de atentados contra funcionarios del Inpec

A pesar de que desde el Inpec se manifestó que Andrés Felipe Marín Silva (alias Pipe Tuluá) no ha sido reconocido como el principal autor de los atentados contra los funcionarios, este delincuente se ofreció como intermediario para frenar esta oleada de ataques.

Dicho ofrecimiento se realizó por medio de una carta con su firma y huella, emitida desde la cárcel la Tramacúa, y que está dirigida al Presidente de la República, al Ministro de Justicia, al Ministro del Interior, al Director Nacional de Inteligencia y al Alto Comisionado para la Paz.

“Me comprometo a gestionar de manera inmediata mi influencia y capacidad de interlocución para que se cese de forma definitiva cualquier acción violenta o hecho delictivo que pueda afectar la vida e integridad de los funcionarios del Estado, especialmente las personas del Inpec”, indicó en la misiva.

El jefe de la banda ‘La Inmaculada’ (de Tuluá, Valle del Cauca) reconoció que estos ataques perturban la tranquilidad social y que son una amenaza para la población y la seguridad nacional en general.

Además, precisó que tiene un fiel compromiso con la búsqueda de la paz, por lo que insistió en que desea aportar para buscar una solución.

“Solicito que sin dilaciones se me permita la oportunidad de asumir una gestoría oficializada como ustedes como máximos representantes del Estado atendiendo los beneficios que mi figura aportaría al cese del conflicto en Valle del Cauca y en general el fenómeno conflictivo que se ha suscitado con el Inpec”, agregó desde la cárcel.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado frente a este ofrecimiento de alias Pipe Tuluá.

Pero, según información revelada recientemente por RCN, se conoció que este delincuente se reunió el 16 de julio de 2025 en la cárcel con Jorge Arturo Lemus Montañez, director del Departamento Nacional de Inteligencia, con el fin de ofrecer la entrega de 300 integrantes de ‘La Inmaculada’ como una muestra de su intención de paz.