Gremio de vigilancia privada pidió al Gobierno no estigmatizar al sector por presuntos casos de infiltración criminal

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la cancelación de 31 licencias de funcionamiento a empresas de este sector en diferentes ciudades del país, debido a que, según la entidad, habría encontrado infiltraciones de organizaciones criminales que estarían utilizando estos servicios como fachada para cometer delitos.

“En el marco de investigaciones judiciales se han detectado armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales. Estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos”, informó la SuperVigilancia en comunicado oficial.

Puesto que la entidad mencionó que se cancelarán 31 licencias, sin especificar los nombres de las empresas de vigilancia y seguridad privada involucradas, generando una desconfianza sobre este sector, la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad (ACES) y la Conferedación Nacional del Gremio de Seguridad Privada (Confevip) pidieron a la SuperVigilancia, al Gobierno Nacional y a medios de comunicación que no estigmaticen a todo el sector.

“Colombia es un Estado Social de Derecho en el que deben prevalecer la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. Por ello, consideramos que la forma en que fue divulgada esta información resulta desproporcionada y genera un grave impacto reputacional no solo para las empresas mencionadas, sino para todo el sector”, afirman los gremios en un comunicado a la opinión pública.

Sostienen que “la referencia general a una ‘presunta infiltración criminal’ sin la debida individualización de responsabilidades puede inducir a interpretaciones erróneas, afectando el buen nombre de organizaciones que podrían estar enfrentando, en algunos casos, situaciones de carácter meramente administrativo, que en ningún caso deben equipararse con conductas delictivas”.

No obstante, los representantes del sector reconocen que “nuestra actividad está sujeta al control y vigilancia del Estado, función que ejerce la Superintendencia. En ese sentido, respaldamos todas aquellas acciones orientadas a corregir desviaciones, faltas o actuaciones contrarias a la ley por parte de las empresas vigiladas”.

“Estamos convencidos de que la gran mayoría de las empresas del sector cumplen con sus obligaciones legales, y que, en caso de existir incumplimientos, estos deben ser determinados de manera individual, con base en los procedimientos establecidos”, puntualizan su solicitud.

También llamaron la atención por los efectos económicos que una noticia así puede causar en su sector, más preocupante cuando hacen “anuncios públicos de medidas que aún no se encuentran en firme, generando consecuencias graves como la afectación comercial, la pérdida de clientes y la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector”.

Señalaron que en Colombia existen más de 800 empresas de vigilancia y seguridad privada, de las cuales, en el comunicado de la SuperVigilancia, se involucran a 31, lo que significa una minoría.

Por su parte, la Federación de Empresas de Seguridad (Fedeseguridad) respaldó la medida de la entidad estatal. “Rechazamos conductas que desvíen el objeto autorizado o faciliten acceso a armamento a actores al margen de la ley. Cumplimiento normativo y control son base de la legitimidad del sector”, manifestaron en su cuenta de X.

De hecho, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, destacó “que el sector de la vigilancia privada es fundamental para el país, al generar empleo para más de 360.000 familias”, y reiteró “que la mayoría de las empresas operan dentro de la legalidad”.

Cabe agregar que en su comunicado, la SuperVigilancia sí menciona dos casos particulares de empresas en Barranquilla: “Atenas Seguridad Privada ltda. y Maximus Seguridad Privada ltda., a las cuales se les canceló la licencia en fallo de primera instancia”.