Gremio de seguridad privada denuncia “estigmatización” tras señalamientos del presidente Petro

El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos debido a una creciente tensión con el Gobierno Nacional.

Tras una publicación del presidente Gustavo Petro, en la que anunció la suspensión de 31 empresas por presuntamente servir como “fachadas de bandas criminales” y recordó los vínculos históricos del paramilitarismo con las antiguas Convivir, el gremio salió al paso para denunciar una persecución sistemática.

Desde Cali, Raquel Garavito, presidenta Ejecutiva de Fedeseguridad, rechazó tajantemente las generalizaciones del mandatario. Aunque el gremio respalda que se sancione la ilegalidad, Garavito subrayó que estas 31 empresas son una cifra “marginal” frente a las 1.200 compañías legales que operan en el país y que generan cerca de 400.000 empleos formales.

Para el gremio, el mensaje presidencial genera una estigmatización grave que afecta la confianza en hombres y mujeres que madrugan a cumplir la ley.

“No se puede decir que un sector está aliado con la ilegalidad... sentimos que hay una especie de persecución. Nos estigmatizan, nos ponen normativas que encarecen el servicio y luego nos sancionan”, afirmó la dirigente gremial.

El “cuello de botella” en la Supervigilancia

Más allá del discurso político, la crisis es operativa. Fedeseguridad denunció que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene los trámites administrativos atascados. En promedio, una solicitud ante el ente de control está tardando 391 días (más de un año), y existen empresas con hasta 80 trámites represados, algunos con más de cuatro años de espera.

A este panorama se suma un cambio normativo recurrente que, según el gremio, está encareciendo el servicio de manera “estrepitosa”. Entre los puntos que más preocupan están:

• La reducción de la jornada laboral y el cambio en los horarios diurnos/nocturnos.
• Cargas económicas y operativas muy altas para el trabajo con caninos.
• Incremento en los costos operativos que terminan afectando la viabilidad de las empresas pequeñas y medianas.

“Persigan a los informales, no a los que cumplimos”

En un comunicado formal previo a su intervención, Fedeseguridad hizo un llamado a que el Estado actúe con la misma firmeza contra las empresas que operan sin licencia. El gremio sostiene que la verdadera amenaza para la seguridad ciudadana y el armamento ilegal proviene de la informalidad, donde no existen controles de trazabilidad de personal ni garantías laborales.

Frente a la acusación de que el Estado “arma a criminales”, Garavito fue enfática en que el sector formal cumple protocolos rigurosos. “Somos un aliado estratégico del sector público, trabajamos con alcaldes y gobernadores porque la inseguridad en las ciudades está difícil”, recordó, haciendo un llamado al presidente Petro para trabajar de la mano en lugar de emitir juicios que deslegitiman a toda una industria.

Finalmente, la recomendación de Fedeseguridad para los ciudadanos y empresarios fue clara, desconfiar de las tarifas baratas. Contratar servicios de “conserjería” o logística para labores de vigilancia es ilegal y acarrea sanciones tanto para quien presta el servicio como para quien lo contrata.

El sector espera que, tras este choque, se logre una mesa de diálogo que destrabe los trámites en la Superintendencia y cese lo que consideran una “selectividad en el control”.