Presidente Petro denuncia que empresas de seguridad estarían infiltradas por criminales; 60000 armas no aparecen

El presidente, Gustavo Petro, denunció que una investigación de su gobierno hecha a partir de una revisión a las licencias otorgadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se detectó que de un universo de 1351 empresas de vigilancia licenciadas hay 197 que figuran como inactivas, las cuales reportaron 62.664 armas de las que no se sabe su ubicación o han aparecido en manos de criminales.

Durante su intervención, Petro afirmó que dichas firmas contaban con 696 hombres, 21 vehículos automotores y 483 armas, elementos que despertaron la alerta de las autoridades. Según el jefe de Estado, varios escoltas, socios y representantes legales de estas compañías estaban involucrados en investigaciones judiciales relacionadas con homicidios, extorsiones y hurtos.

El presidente también informó que se suspendieron cuatro licencias en Bogotá a empresas de seguridad señaladas de posibles vínculos con el lavado de activos. Estas acciones, dijo, golpean intereses criminales, políticos y económicos, y habrían generado molestia en ciertos sectores que buscan desacreditar a su administración.

Petro cuestionó la difusión de unos supuestos chats revelados por televisión, en los que se mencionaba al director de Inteligencia Estratégica de la DNI, Wilmar Mejía, dentro de un presunto entramado con disidencias de las Farc.

Según el mandatario, al someter los pantallazos a un programa de inteligencia artificial, se determinó que no correspondían a copias reales, sino a conversaciones construidas artificialmente.

El presidente pidió al medio que publicó la información rectificar, al señalar que la pieza divulgada era “falsa” y que, por tanto, generaba dudas sobre la veracidad de otros apartes del reportaje.

Wilmar Mejía publicó un comunicado el pasado 24 de noviembre en el que negó cualquier relación con grupos armados ilegales. El funcionario sostuvo que jamás ha recibido instrucciones del presidente, del director general de la DNI o de otra autoridad para reunirse con personas al margen de la ley, dentro o fuera del país.

Mejía rechazó haber participado en actividades orientadas a compartir información de inteligencia, gestionar empresas fachada o facilitar armas. De acuerdo con su versión, las acusaciones provienen de “delincuentes agazapados en la institucionalidad” que se vieron afectados por procesos de reorganización interna.

El director de Inteligencia Estratégica reiteró que ha sido víctima de amenazas por parte de grupos como las Farc, el ELN y estructuras paramilitares, y aseguró que su labor siempre ha estado enfocada en la legalidad y la paz. También manifestó su disposición a someterse a cualquier investigación para esclarecer los hechos.

Las autoridades competentes continúan al frente de las verificaciones, en medio de un clima político marcado por tensiones institucionales.