Defensoría del Pueblo reclama investigaciones exhaustivas y protección efectiva para mujeres y niñas tras feminicidios

En los últimos días, el país ha sido sacudido por una serie de feminicidios ocurridos en distintas regiones, que han puesto en evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de prevención, protección y respuesta institucional frente a la violencia basada en género es por ello que la Defensoría del Pueblo se pronunció ante los casos.

Los asesinatos de María Camila Potosí, en Cali; María Alejandra Castaño, en Líbano, Herianny Montilla en Barranquilla y Yasleidis Martínez en Valledupar reflejan la magnitud de un problema que no puede seguir siendo tratado como hechos aislados.

Cada caso revela falencias en los mecanismos de búsqueda, protección y atención, así como la necesidad de un abordaje integral que reconozca los patrones de violencia que anteceden a los feminicidios.

El caso de María Camila Potosí, de 21 años, y con ocho meses de embarazo, resulta especialmente alarmante. Su desaparición y posterior asesinato obligan a revisar la suficiencia y articulación de las acciones de búsqueda desplegadas desde el momento en que fue reportada como desaparecida.

La información pública que indica que la bebé que esperaba no fue encontrada en su cuerpo exige una respuesta inmediata de las autoridades para establecer su paradero, garantizar su protección y esclarecer los hechos sin descartar ninguna hipótesis investigativa.

Este caso pone de relieve la importancia de activar de manera temprana y efectiva los mecanismos de búsqueda, que constituyen herramientas de prevención frente a feminicidios, violencias sexuales y trata de personas.

Por otro lado, la muerte de Herianny Montilla, adolescente de 16 años, también demanda una investigación exhaustiva que no solo esclarezca las circunstancias de su asesinato, sino que reconstruya los contextos, relaciones y antecedentes de violencia que pudieron precederlo.

“El feminicidio constituye la manifestación más extrema de las violencias basadas en género y suele estar precedido por patrones de control, amenazas, agresiones, aislamiento y otras formas de violencia que restringen progresivamente la autonomía de las mujeres. Prevenir estas violencias exige identificar e interrumpir esas violencias antes de que produzcan daños irreparables”, indicó la entidad.

La gravedad de los hechos conocidos obliga a las autoridades a establecer si existen conexiones con otras actividades delictivas, redes criminales o dinámicas de macrocriminalidad.

Reducir estos crímenes a simples conflictos de pareja o actos de intolerancia invisibiliza las estructuras que los sostienen y limita la capacidad de respuesta institucional.

Por ello, desde la Defensoría del Pueblo hacen un llamado a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la búsqueda urgente del nasciturus de María Camila Potosí y en investigaciones penales prontas, exhaustivas e imparciales que permitan establecer responsabilidades individuales y fortalecer las capacidades de prevención.

Asimismo, la entidad insta a las autoridades nacionales y territoriales a revisar y robustecer los mecanismos de valoración del riesgo y búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, garantizando respuestas coordinadas y libres de estereotipos de género.