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Gobierno investiga a 37 organismos de tránsito por fotomultas; Cali aparece como la ciudad con más comparendos

Cali está entre las ciudades del país que ha realizado más comparendos con fotomultas.

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Cali: Instalación de nuevas cámaras de fotomultas en las diferentes vías de la ciudad. Foto José L. Guzmán
Cali: Cali tiene más de 40 cámaras de fotodetección. Foto José L. Guzmán | Foto: José Luis Guzmán. El País

19 de may de 2026, 02:57 p. m.

Actualizado el 19 de may de 2026, 03:15 p. m.

El Gobierno Nacional inició una investigación a 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos relacionados con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), conocidos como fotomultas.

Entre los investigados, la Superintendencia de Transporte anunció que se encuentra la autoridad de tránsito de la ciudad de Cali.

Según la información presentada en rueda de prensa, este martes 19 de mayo, se hallaron posibles irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.

“Durante la investigación se identificó que 12 organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño; 7 organismos operaron con conceptos expedidos a terceros y 18 de ellos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas”, informó la Supertransporte.

Entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

La Superintendencia de Transporte identificó además que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.

En consecuencia, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos recursos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022.

En rueda de prensa, el Gobierno Nacional  anunció que investiga a 37 organismos de tránsito y ordenó la revocatoria de más de 5.800.000 comparendos impuestos a cerca de 1.500.000 ciudadanos. Foto: Supertransporte
En rueda de prensa, el Gobierno Nacional anunció que investiga a 37 organismos de tránsito y ordenó la revocatoria de más de 5.800.000 comparendos impuestos a cerca de 1.500.000 ciudadanos. Foto: Supertransporte | Foto: El País

Los organismos con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación, según informó el Gobierno, son:

● Cali: 2,7 millones de comparendos.

● Medellín: más de 717 mil comparendos.

● Bogotá: cerca de 294 mil comparendos.

● Barranquilla: más de 131 mil comparendos.

Adicionalmente, 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes, beneficiando potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.

El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, señaló que estas actuaciones buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar el respeto al debido proceso.

“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, afirmó el Superintendente.

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