Galeón San José: Gobierno responde a denuncias

El hallazgo del Bien de Interés Cultural Galeón San José y sus evidencias arqueológicas permanecen sin alteraciones, a excepción de los efectos naturales del ambiente marino, por lo que no se han detectado intervenciones externas hasta la fecha.

De esta manera lo expresó el Gobierno de Colombia ante las recientes denuncias sobre supuestas intervenciones irregulares en el hallazgo del Galeón San José.

El Gobierno declaró que bajo la presidencia de Gustavo Petro, se implementó, por primera vez, un modelo de gestión integral del sitio arqueológico y Bien de Interés Cultural Galeón San José.

Agregó que tras un análisis exhaustivo de los procesos técnicos, científicos y jurídicos vinculados al Galeón San José, se concluyó que es un invaluable Patrimonio Cultural colombiano. Se recomienda su gestión como un Área Arqueológica Protegida a nivel nacional.

Frente a las denuncias de intervenciones indebidas, las entidades involucradas en la investigación del Galeón San José afirmaron que la información obtenida en la I Campaña de Verificación y Seguridad del BIC Galeón San José en mayo de 2022 no sugiere intervención humana.

Mincultura resaltó que, en el transcurso del año 2024, se llevará a cabo un proyecto de investigación para revisar los parámetros analíticos y de control sobre el área del Galeón San José, con el fin de evaluar su estado hidrográfico, oceanográfico y biológico.

Finalmente, cabe destacar que el Estado colombiano destinará 17.962 millones de pesos para: el fortalecimiento de la capacidad técnica con la adecuación de un vehículo operado remotamente, desde el buque multipropósito ARC “Caribe”; la adecuación de un laboratorio de conservación de materiales en las instalaciones del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe de la Dirección General Marítima; y un proceso permanente de divulgación científica y difusión a múltiples públicos interesados.

Cabe destacar que el galeón fue declarado en 2020 como un bien de interés cultural de Colombia, por lo que el gobierno defiende que su valor no se debe ni se puede contabilizar en términos monetarios.