Flip advierte que decreto del Ministerio del Interior de las elecciones “afecta el derecho a informar”

El Decreto 1702 de 2023, por el cual se fijaron las normas de orden público para las elecciones del próximo 29 de octubre, “no es compatible con los parámetros constitucionales sobre la libertad de expresión y afecta el derecho a informar y a ser informado”.

Así lo denunció la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que, en particular, se quejan de tres artículos: en primer lugar, del artículo 4 que prohíbe toda clase de entrevistas con fines político-electorales el día de elecciones.

“Esto es una restricción arbitraria, pues las declaraciones de candidatos son un asunto de interés público y es común que los medios busquen ese tipo de entrevistas”, argumentó la Fundación para la Libertad de Prensa.

Así mismo, el artículo 7 del decreto señala que se restringe el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas y video en los puntos de votación durante un periodo de tiempo establecido, de 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde. Solo se permitirá el uso a los medios de comunicación con una previa coordinación con la Registraduría.

“No resulta acorde a la libertad de expresión, una medida que limite a la ciudadanía ejercer su derecho a hacer veeduría del proceso electoral”, precisan.

Además, la Flip plantea preguntas sobre la libertad de prensa, puesto que el cubrimiento de las elecciones regionales pueden quedar sujetas a la aprobación o coordinación de la Registraduría sin que se haya determinado con transparencia los criterios y condiciones con los que se llevará a cabo esta coordinación con los periodistas que cubrirán los comicios en todo el territorio nacional.

“La Flip recuerda que la Convención Americana de Derechos Humanos indica que cuando un Estado quiera limitar la libertad de expresión de manera legítima debe cumplir con tres requisitos. El primero de ellos es que la restricción debe estar previamente consagrada en una ley redactada de manera precisa y clara” se lee en el comunicado de la Fundación.

Y agrega que: “El segundo señala que la restricción debe ser necesaria para el logro de objetivos autorizados por la misma Convención (es decir, la vigencia de otros derechos humanos) y tercero, que se demuestre que la restricción es necesaria y absolutamente proporcional”.

De esta manera, según la Flip, “ninguno de estos tres artículos mencionados arriba supera el test tripartito, pues de entrada las limitaciones que contemplan no existen en ninguna otra Ley. A su vez, esta normativa debe contemplar que la libertad de prensa contribuye a la garantía del acceso a la información y no es un obstáculo como el decreto pareciera insinuar”.

Y, finalmente, frente al artículo 13, que ordena a los medios de comunicación transmitir la información de orden público solo cuando sea confirmada por fuentes oficiales, señalan: “esta restricción afecta al ejercicio periodístico, puesto que no puede haber fuentes de información vedadas o prohibidas”, añaden.

Por tanto, piden al Ministerio que modifique el decreto a cinco días de las elecciones y “lo enmiende teniendo en cuenta los parámetros constitucionales, que garanticen los derechos a la libertad de expresión y de prensa”.

De igual forma, elevaron un llamado a la Registraduría, a la Policía y al CNE para que garanticen el ejercicio libre del periodismo sin temor a obstáculos o represalias. Y es que tienen registro de que, en lo corrido del año 2023, se han presentado 69 agresiones a periodistas por parte de grupos armados y 40 casos relacionados con el cubrimiento electoral.

Por tal motivo, la Fundación para la Libertad de Prensa busca promover la integridad y libertad de los periodistas y, en última instancia, la calidad de la información disponible para el público durante el proceso electoral.

Con información de Colprensa y El País